Por: Carolina Botero Cabrera

Comprobado, el sistema de inteligencia colombiano está descontrolado

Semana sigue revelando detalles del escándalo de corrupción y espionaje dentro de la estructura de inteligencia militar del país, concretamente, en el Comando General de las Fuerzas Militares. ¿Qué más necesitamos para reconocer que el sistema de inteligencia en el país tiene un problema estructural?

Ya en diciembre, Semana describió cómo se usaba la capacidad de inteligencia para investigar a oficiales. Escarbando en su vida privada, buscaban amantes o secretos que luego pudieran usar para chantajearlos cuando lo necesitaran (ej. para obtener un resultado concreto en una contratación). También muestran que la información obtenida con estas actividades fue filtrada al exprocurador Ordóñez con el fin de perjudicar al Gobierno. Como si lo anterior fuera poco, los responsables de custodiar información realmente sensible para la seguridad nacional también traficaban con ella. Así, la información de las operaciones aéreas diarias de las aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía colombiana terminaba en manos de los venezolanos. El artículo indica que estos son solo ejemplos de lo que sucedía.

En el artículo del fin de semana pasado, Semana explica cómo se obtenían importantes sumas de dinero para provecho personal de altos comandantes y abuso de funciones de inteligencia bajo el concepto de “gastos reservados” y “seguridad nacional”. Estos gastos eran justificados con operaciones y fuentes falsas para desviar los recursos en forma fraudulenta.

En el centro del escándalo están nuevamente grupos de agentes que hacían las labores de defensa y ciberataques a partir de compañías cuyos nombres clave eran “Huila”, “Neiva”, “Espinal” y “Villavicencio”.

Las revelaciones de Semana abren un escándalo más en una larga cadena cuyos eslabones se visibilizan periódicamente. Esto nos recuerda que las facultades de inteligencia, que son otorgadas a través de una ley bastante vaga, son fácilmente abusadas y no cuentan con controles que nos permitan evitarlos o siquiera detectarlos institucionalmente. Usualmente, nos enteramos de todo esto por filtraciones e investigaciones periodísticas, a costa de la seguridad de los mismos periodistas y de las fuentes. Capítulo aparte merecerían los héroes: agentes y soldados que forman parte de las Fuerzas Militares y se atreven a denunciar y desvelar estos escándalos. Semana también expone las amenazas y consecuencias que tiene su actuar.

De este escándalo en particular, me llama la atención cómo se describen estafas en contrataciones y adquisición de equipos para espiarnos masivamente. Los periodistas establecieron (ver video) que se compraron equipos conocidos como Pineapple (piña) para intervenir las conexiones WiFi de centros comerciales. Con ello, se podría obtener información sobre todas las personas que se conectaban a esa red. No solo se trata de una estafa económica —por equipos que se consiguen en el mercado a 100 dólares se pagaban cifras de 20 millones de pesos—. La intención al adquirir estos equipos era vigilar las comunicaciones de cientos de miles de personas que, en forma inocente, se conectan a estas redes WiFi. Sin embargo, nunca se usaron.

El escándalo se ha centrado, con justicia, en la forma corrupta en la que las unidades de inteligencia señaladas usaban fondos sobre los que el control es diferente por ser de carácter reservado. Sin embargo, no debemos olvidar que hay una serie de elementos tecnológicos que juegan un papel en la vigilancia abusiva en la que supuestamente podrían haber incurrido estas unidades de las FF.MM.

En general, muchas formas de vigilancia masiva no permiten conocer el contenido de la comunicación, pero sí pueden identificar, a través del IMEI, los aparatos que se conectan. Todo celular tiene un IMEI o identificador único que luego puede ser usado para conectarlo con la persona que registró el celular correspondiente, o al revés, conociendo el IMEI del dispositivo de una persona se puede individualizar y hacer seguimiento concreto a sus comunicaciones.

También se pueden obtener los metadatos de las comunicaciones de esa persona y conocer su navegación. Con los metadatos de las comunicaciones se puede saber mucho. No solo saber dónde se encuentra el celular y, por tanto, la persona que lo porta, sino también a quién llama, cuánto dura la comunicación e incluso los sitios que consultan en internet.

Desde la Fundación Karisma pedimos que se hagan ajustes a la legislación nacional en cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos humanos. Aunque la reforma a la inteligencia es reciente, nació desactualizada frente a las capacidades tecnológicas que, como vemos nuevamente en este escándalo, son supremamente intrusivas para nuestra privacidad. De muchos elementos comunes en este caso, se evidencia que hay grietas en la forma en la que funcionan los servicios de inteligencia que pueden permitir que se vigile a personas consideradas enemigas por razones políticas.

Karisma, junto con Privacy International y Dejusticia, presentó un informe en el proceso de Evaluación Periódica Universal con el que la ONU hace seguimiento a los compromisos de Colombia en materia de derechos humanos. También aportó sus principales preocupaciones en este tema al informe que más de 500 organizaciones defensoras de derechos humanos le presentaron a la ONU. La evaluación será el 10 de mayo y sobre ella les contaré más detalles pronto. Conseguir que se reforme el sistema de inteligencia para incorporar controles efectivos y ampliar la transparencia debe importarnos. Con algo de suerte, lograremos que la comunidad internacional presione para que el nuevo gobierno lo incluya en su agenda.

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