PUES CLARO QUE LOS CONDUCTOres borrachos, como el abogado que atropelló una patrulla de policía, merecen duro castigo. No se puede justificar su conducta. Hay que expresar solidaridad con el profundo dolor de las víctimas.
Pero este caso muestra es una separación profunda entre los valores del sistema penal y el sentimiento de la sociedad que quiere justicia exprés, más parecida a la vindicta inmediata que a la conclusión serena del aparato judicial después de valorar los acontecimientos.
El sistema penal arranca de una presunción de inocencia que entre nosotros es apenas un saludo a la bandera. Señala que nadie puede ser condenado sin haber sido vencido en juicio, trámite que a muchos les parece cosa de rábulas. Prevé la privación provisional de la libertad, pero no como castigo sino como método para evitar, bien la evasión del reo, o la manipulación de las pruebas o la posibilidad de que se repita el hecho dañino. Pero los medios, que en este caso fueron expresión auténtica de un sentimiento generalizado, interpretaron la casa por cárcel del borracho como un caso de impunidad. Al unísono y de manera bastante ruidosa, pedían “castigo”, olvidando que la detención provisional nada tiene que ver con la pena que sólo podría ser producto de un juicio pleno.
La enseñanza sociológica es pavorosa: las garantías penales son una especie de burbuja extraterrestre, ajena a una sociedad que clama escarmiento de manera inmediata. Es una especie de linchamiento aupado por medios de comunicación que no distinguen bien los elementos centrales del proceso penal. Algún periódico llegó a sostener que la cárcel inmediata era una forma de empezar a pagar la pena, una barbaridad que le daría vergüenza a Torquemada.
Hay que reconocer que entre las funciones de la pena está el castigo. Por muchos que hayan sido los esfuerzos de pensadores humanistas, desde Beccaría hasta las corrientes rehabilitacionistas norteamericanas, es inocultable que la sociedad exige una reparación moral mediante el castigo. Pero ese castigo debe ser producto del proceso penal, no de la acción intrépida de jueces vengativos. Lo que se suele entender y aceptar en democracias normalizadas, aquí lleva a la picota pública al reo y al juez. Esa sed de venganza se ve atizada por dos factores: como la impunidad es inmensa, la gente desconfía del juicio. En el caso del abogado borracho, la gente teme que el proceso muera en los anaqueles de los juzgados. De allí el deseo de que pague cárcel de una vez. Lástima que la sensación de que la justicia sólo se mueve ante la presión de los medios, atiza el sentimiento.
El segundo elemento es el delito como método de proselitismo político. Una de las características del quehacer público en todo el mundo, es que la percepción creciente del auge del crimen se ha convertido en la mejor plataforma política. Combatir el crimen es la operación política más rentable. Recomiendo la lectura de David Garland. De hecho, ya varios parlamentarios anunciaron aumento de pena para los conductores borrachos. No es nuevo: de tiempo atrás hemos visto leyes espasmódicas que aumentan las penas por cuenta de iniciativas políticas que buscan más popularidad que efectividad.
Necesitamos justicia rápida y severa, sí. Pero justicia al fin y al cabo.
