Por: Daniel Pacheco

Contra la penalización de la parodia

Uno de los candidatos más interesantes de la campaña presidencial del 2008 en Estados Unidos era ficción. Ficción pero no falso. Porque el personaje de Stephen Colbert, el comediante que reemplazó a David Letterman en su show de televisión, había adquirido vida propia a través de la sátira y la parodia diaria que hacía del proceso político en su país.

Su lanzamiento se dio en televisión, en el show de su amigo, el también comediante Jon Stewart, utilizando el lenguaje vacuo de los políticos: “He decidido oficialmente considerar si lanzarme o no a la Presidencia de EE. UU.”. En una encuesta alcanzó el 13 % de la intención de voto a nivel nacional. Al final el intento fracasó, pues ningún partido lo avaló.

Pero eso no detuvo el ímpetu performativo de Colbert. En el 2010 organizó, con su amigo Stewart, “La marcha para recuperar la sanidad o el miedo”. Se calcula que 215.000 personas salieron, en lo que recuerdo como un día frío y lluvioso, a mamar gallo en Washington, para pedir seriamente un debate menos polarizado en la política.

En el 2011, y como una crítica al sistema político que permite crear comités de apoyo a candidatos que pueden recibir financiación sin límites de empresas, Colbert fundó uno de esos comités de acción política con el eslogan, “Para hacer un mejor mañana, mañana”. En pocos meses logró recaudar más de un millón de dólares de donaciones y declaró desafiante que podría hacer con eso lo que quisiera, pues la ley era tan absurda que no le requería reportar en qué se gastaba la plata (terminó donándola a organizaciones de caridad).

Una parodia similar, ahora en Colombia, tiene a un peñalosista denunciado penalmente por la Registraduría por fraude procesal (pena de 6 a 12 años de cárcel). José Fernando Flórez, de la Fundación Azul, creada para defender al alcalde de Bogotá de la revocatoria, inscribió un comité para revocar a Peñalosa argumentando, entre otras cosas, que el alcalde era responsable por hacer pasar hambre a los niños del Chocó. Es una forma de parodiar el sistema laxo de inscripción de comités para revocar alcaldes. No es un engaño; es una acción política que en efecto ha abierto un debate público.

Más allá de que uno esté de acuerdo con revocar o no a Peñalosa, creo que esta denuncia de la Registraduría muestra una gran falta de sentido del humor y una ausencia de reconocimiento del poder que la parodia tiene como forma de expresión política. Además establece un precedente que restringe la libertad de poner en ridículo al Estado por sus propios defectos burocráticos.

Pero puede que me equivoque. Tal vez lo que busca con esta demanda el registrador Juan Carlos Galindo es hacer su propia parodia, una con un humor más negro. La parodia del funcionario que sale en defensa de una institución con denuncias penales temerarias que terminan siendo una muestra de la inoperancia de la justicia y de las limitaciones de su institución para detener la proliferación de comités revocatorios. Porque lo más probable es que esta denuncia no vaya a ningún lado y termine siendo un chiste.

@danielpacheco

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