Por: Rodrigo Uprimny

Conversando pero perdiendo oportunidades

Tres decisiones de esta semana muestran que el presidente Duque sigue desconectado frente a las protestas sociales.

Primero, el tema fiscal. Duque promovió la aprobación casi sin modificaciones de su reforma tributaria, que no solo mantiene sino que incluso incrementa los privilegios tributarios, pues otorga nuevas exenciones, que no tienen justificación económica sólida. Son, pues, regalos de dineros públicos a sectores y personas de altos ingresos, lo cual disminuye el recaudo y refuerza las desigualdades sociales.

Con esta decisión, Duque desconoce que una de las raíces de estas protestas es la profunda desigualdad social en Colombia, pues no solo mantiene el carácter inequitativo del sistema tributario colombiano sino que lo refuerza.

Segundo, la elección de fiscal. Duque derogó hace algunos meses el Decreto 450 de 2016 que, si bien no era una maravilla, daba alguna transparencia a la elaboración de la terna, ya que ordenaba que la lista y las hojas de vida de los aspirantes fueran públicas, para que la ciudadanía pudiera formular observaciones. Debido a esa decisión, el procedimiento para esta terna fue opaco, pues no conocimos nunca oficialmente quiénes eran los aspirantes, ni sus hojas de vida, sino que de un día a otro el presidente presentó su terna. Pero, además, los tres candidatos son funcionarios subordinados del presidente, con lo cual es dudoso que cualquiera de ellos pueda ser un fiscal independiente.

Con esta decisión, Duque ignora que una de las exigencias ciudadanas es que el Estado sea más transparente. Además, la ciudadanía, después de las experiencias negativas de los últimos fiscales, espera la elección de un fiscal que garantice que ejercerá su enorme poder de manera imparcial. Eso no sucede con esta terna, pues son personas demasiado cercanas al Gobierno, con lo cual corremos el riesgo de que quien resulte electo sea una especie de detective incondicional del Gobierno, dispuesto a perseguir a los opositores y a ignorar los eventuales delitos gubernamentales.

Tercero, la prórroga de la Ley de Víctimas. Esta ley iba a perder vigencia en 2021. En una importante sentencia, y con toda razón, la Corte Constitucional prorrogó su vigencia hasta 2030, pues consideró que era un elemento esencial, no solo para satisfacer los derechos de las víctimas, sino también para la implementación del Acuerdo de Paz.

En este caso, no se trató de que Duque hubiera tomado una decisión, sino de una omisión: se abstuvo de impulsar con vigor en el Congreso la prórroga de esta ley, con lo cual se dejó tomar la delantera de la Corte. Y con esa omisión, Duque desconoció que una de las razones de las protestas es la débil implementación del Acuerdo de Paz.

Estas decisiones y omisiones sugieren que el presidente Duque no comprende la gravedad de la crisis que enfrenta. Su aprobación es bajísima: según Gallup, solo 24% de los colombianos aprueban su gestión, mientras 70% la desaprueba, un récord de impopularidad a solo año y medio de gobierno. Enfrenta, además, protestas que para Colombia son históricas, pues ya superan las dos semanas y siguen siendo masivas.

A riesgo de ser cansón, reitero la conclusión de mis dos columnas previas: el presidente Duque debe tener la lucidez de comprender la gravedad de la crisis y la humildad democrática de reorientar su gobierno, transformando su ambigua “conversación nacional”, que es lenta, de metodología opaca y resultados inciertos, en un espacio genuino de participación, concertación y decisión. Y debe tomar medidas inmediatas que muestren que escucha realmente las demandas ciudadanas. Si no lo hace, su gobernabilidad y nivel de aprobación seguirán deteriorándose, con consecuencias imprevisibles.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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