COP 23: el carbón, un demonio presente

Así como el demonio atemoriza a los católicos y los induce a evitar el pecado, el carbón induce hoy al mundo a comportarse mejor y abandonar su uso como generador de energía. Colombia es rica en carbón y ese demonio, para bien y para mal, anda entre nosotros. La pregunta para Colombia es: ¿cómo debemos negociar nuestra salida del uso del carbón?

En la COP 23, más de 20 países, liderados por Canadá y Reino Unido, han generado la “Alianza para dejar de usar carbón” y se comprometen a suspender su uso antes del 2030. Los países latinoamericanos firmantes son: México, Chile, Salvador y Costa Rica. No firmaron los cuatro mayores consumidores de carbón del mundo: China, Estados Unidos, India y Alemania. Colombia es el quinto mayor exportador de carbón en el mundo y no firmó.

La alianza significará una mayor caída en el precio del carbón, y la reglamentación del Acuerdo de París —el año entrante en Polonia— debe llevar a que en el 2050 el mundo deje de usar carbón. En Colombia, parte del carbón que hoy extraen y exportan mineras extranjeras quedará enterrado antes de lograr ser negociado en el mercado. Otras grandes reservas, como las del Catatumbo, quedarán bajo tierra.

¿Su impacto sobre la economía nacional? Una cosa es la participación del carbón en las exportaciones y otra el beneficio real que nos deja: regalías, impuestos y máximo 30.000 puestos de trabajo en la gran minería. Según la Agencia Nacional de Minería, en el 2016, año récord en extracción con 90,5 millones de toneladas, el carbón aportó $1,35 billones en regalías, equivalente al 0,18 % del PIB. A esto hay que restarle el costo que esta actividad genera en las regiones por contaminación y degradación ambiental y social. El beneficio neto es muy bajo o quizá negativo.

El petróleo, si se analiza un periodo de cinco años, transfiere al Estado, en regalías e impuestos, diez veces más que el carbón (Rudas G., Semana Sostenible, 2017).

La quema de carbón es una de las principales fuentes de dióxido de carbono (CO2) y, debido a su efecto sobre el clima global, la forma más costosa de generar energía. Mientras desaparece el uso del carbón, los países que lo utilicen deben pagar al mundo un impuesto por las emisiones que generan.

Colombia puede liderar la alianza para que el impuesto al carbón sea transferido como compensación a los países que poseen reservas, a condición de no maximizar su extracción y uso, antes de que los acuerdos internacionales lo prohíban. Así se compensaría la pérdida de regalías y de puestos de trabajo asociados a esta actividad. Las transferencias deben ser utilizadas para impulsar inversiones con tecnologías limpias que usen energías renovables, generando empleo en actividades asociadas al desarrollo sostenible.

Si Colombia pretende estas compensaciones, debe cambiar su estrategia energética. El Ministerio de Minas y Energía, en pleno cambio climático, ha propuesto intensificar el uso del carbón construyendo termoeléctricas y obstaculizando la generación con fuentes renovables alternativas. En generación con viento y sol, estamos atrás de Nicaragua o El Salvador. Cambiemos de estrategia y seamos propositivos y competitivos.