Corriendo tras la cola

Si bien el ejercicio del voto es un deber fundamental, hacerlo en una autocracia, como ocurre en Venezuela, es un arma de doble filo. Al tiempo que es indispensable practicar los derechos y ocupar los espacios democráticos negados por el régimen chavista, participar en elecciones y votar también constituyen gestos implícitos de reconocimiento de la legitimidad de los comicios. Pese a ello, después del intento fallido de impedir la entrada en vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante la protesta social y la abstención política, la oposición venezolana ha decidido que es preferible participar en las elecciones regionales que proclamar su desacato a un proceso antidemocrático e ilegítimo.

Las irregularidades que se observan en relación con la contienda de este domingo son numerosas. Además del aplazamiento, reprogramación y reducción del calendario electoral, las votaciones debían incluir las asambleas legislativas estatales y terminaron cobijando solamente las 23 gobernaciones. Mientras tanto, aún no es claro cuándo o si se elegirán los alcaldes y cámaras municipales. A su vez, el Consejo Nacional Electoral negó la sustitución de candidatos por parte de la Mesa de Unidad Nacional (MUD), que se movilizó para realizar primarias en búsqueda del consenso y confiaba poder introducir los nombres elegidos según lo estipulado por ley. Tampoco habrá observadores nacionales ni participación internacional, ya que las inclinaciones ideológicas de los gobiernos integrantes de Unasur no son del agrado de Maduro. Y se eliminaron 75 centros y 7.000 mesas de votación. Todo con el objetivo de entorpecer el voto de los no chavistas y de incentivar la abstención.

Según analistas como Luis Vicente León, de Data Análisis, si las elecciones fueran limpias, y competitivas, la oposición se llevaría hasta el 80 % de las gobernaciones. Esto se ve reflejado en las encuestas más recientes, que registran el enorme descontento de los venezolanos con la situación del país y su Gobierno, así como una intención de voto que favorece a la MUD, pese a que la mayoría también considera que las elecciones serán fraudulentas. Como ese no es el caso, los resultados dependerán de la decisión de los venezolanos de votar (o no), incluyendo los ni-ni, hoy llamados independientes. Dada la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es de esperar que una abstención alta afecte más a los candidatos de la MUD que del chavismo.

Así, participar en las próximas elecciones en Venezuela equivale a contrariar el estímulo oficialista a la abstención y elevar los costos del fraude. Sin embargo, aun si la oposición ganase la mayoría de las gobernaciones, cómo ejercerán los nuevos gobernadores cuando sus respectivas asambleas legislativas están todavía controladas por el PSUV, el Congreso clausurado y la ANC sesionando, es un interrogante sin resolver. La competencia entre distintos grupos al interior de la MUD y la falta de liderazgos claros son un obstáculo adicional que dificulta pactar estrategias acordes con la severidad de la crisis.

Lo más probable, dada la impopularidad del régimen y la falta de transparencia electoral, es que ni el chavismo ni la oposición reporten un triunfo decisivo, lo cual llevará una nueva dinámica inútil de negociaciones entre las partes. Es decir, el perro corriendo tras la cola y los venezolanos recogiendo las heces.