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Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del Partido Popular (PP), fue vinculado al proceso judicial sobre el presunto espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP, un montaje parapolicial creado en 2013 y 2014 para robarle documentos sobre las cuentas en dinero sucio que pudieran comprometer a Mariano Rajoy, ganador de las elecciones de 2011.
El juez instructor del llamado caso Kitchen considera que el despacho de Fernández dirigía una red policial clandestina que habría espiado a Bárcenas en plena investigación judicial sobre la financiación ilegal del PP.
Amigo personal de Rajoy, el exministro llevó su lealtad demasiado lejos. “Haría cualquier cosa para protegerle” asegura alguien cercano. La Fiscalía tiene grabaciones hechas por él mismo cuando se entrevistó con el jefe de la oficina antifraude de la Generalitat para hablar de corruptelas de políticos catalanes. Pendiente de los medios y amante del pantallazo, informaba casi cotidianamente tanto sobre delincuencia urbana como sobre operaciones antiyihadistas. Era ducho en señalar los peligros para el mundo occidental de los “lobos solitarios” del terrorismo. Como miembro supernumerario del Opus Dei siempre encontraba tiempo para ir a misa entre semana. Contrastando con esta inmaculada faceta pública, su lado clandestino empezó a descubrirse con las declaraciones de varios arrepentidos de la organización criminal incrustada en los organismos de seguridad estatales.
Los héroes de estas acciones contra la corrupción son jueces y fiscales del sistema judicial español, que no siempre ha estado tan dispuesto a luchar contra marrulleros y mafiosos.
En julio de 1986, Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, miembros de poderosos carteles de la droga, fueron extraditados a Colombia, a pesar de que también eran requeridos por EE. UU. acusados de introducir cocaína en ese país.
Los dos grandes capos habían salido de Colombia a raíz de los operativos después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, por sicarios del cartel de Medellín y la confesión de uno de ellos sobre la autoría intelectual del atentado. Poco después la policía española recibió a través de Interpol un requerimiento de la DEA para localizarlos y detenerlos. Ambos pretendían instalarse definitivamente en Madrid y hacer millonarias inversiones inmobiliarias.
Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, aseguró después en una entrevista que ese pulso habría sido ganado en la máxima instancia judicial española contra el crimen organizado gracias a una considerable coima. “Del fondo de los extraditables se sacan 30 millones de dólares para salvar a Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela que se come la Audiencia Nacional de España”.
Años más tarde, el indudable adalid de la justicia ibérica y mundial, Baltazar Garzón, también juez de la Audiencia Nacional, fue destituido de manera fulminante por decisión unánime del Tribunal Supremo que lo condenó a “11 años de inhabilidad especial para el cargo de juez” por haber vulnerado el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.
Los detenidos encabezaban una red corrupta, la llamada trama Gürtel, que en 2009 salpicó a barones políticos regionales del PP. Las escuchas ordenadas por Garzón se hicieron por sospechar que hacían parte de una red de lavado de dinero. En su juicio, impávido, el magistrado aseguró que siempre actuó “preservando el derecho a la defensa”.
La sentencia contra esta estrella, que ganó renombre mundial por detener en Londres al exdictador Augusto Pinochet, vino justo después de otro juicio por querer investigar, a pesar de una Ley de Amnistía, más de 100.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Mientras vuelve a su cargo en la judicatura, el célebre Garzón ha tenido actividades acordes con su profundo interés por la justicia. En Colombia, fue designado asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos cuyo objetivo fue “apoyar el proceso de paz y verificar la desmovilización y reinserción de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz”.
Menos conocidas en el país han sido sus gestiones a favor de oscuros personajes vinculados al régimen venezolano. El último de ellos, Álex Saab, es un colombiano nacionalizado en el vecino país. Nacido en Barranquilla, el empresario es sospechoso de ser un testaferro de Nicolás Maduro. Según un exasesor de la Casa Blanca, se trata de “una figura clave para descubrir el entramado financiero ilegal del gobierno de Venezuela”.
Desde Caracas, la Cancillería asegura que Saab es un agente del Gobierno Bolivariano con pasaporte diplomático que se encontraba en tránsito en República de Cabo Verde para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones humanitarias relacionadas con la pandemia. Al asumir públicamente la defensa de semejante joya, Garzón anunció su estrategia: mostrará que se trata de un rehén político de los EE. UU. para forzar la caída de Maduro.