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La señora alcaldesa, Carmen Edithza Mosquera, fue jefe de debate de su esposo, que aspiró en las elecciones pasadas a la Alcaldía de Condoto, y del señor Eulice Palacios, que fue su candidato preferido a la Alcaldía del Alto Baudó, donde actualmente ella termina su período.
Es vergonzoso e inaudito que por los casos aquí denunciados, no obstante haberse puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde hace varios años (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría), a la fecha no se haya producido el primer auto de detención o llamamiento a juicio por delitos tan graves, muchos de ellos considerados de lesa humanidad.
Lo que viene ocurriendo en el municipio del Alto Baudó pone los pelos de punta a cualquiera, máxime cuando está en cabeza de quienes ejercen autoridad con jurisdicción de poder y mando, o la han ejercido en épocas anteriores.
En el municipio del Alto Baudó la corrupción es ejercida y tolerada por la actual alcaldesa, Carmen Edithza Mosquera Londoño, y el señor Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde municipal, muy recordado por hechos de desplazamiento forzado, según declaraciones de Justicia y Paz, toda vez que este individuo pagó a los paramilitares para que desplazaran a los pobladores de dicho municipio en hechos ocurridos en junio del 2001.
En su segundo período es muy recordado también por los bonos de agua por la suma de $12.000'000.000 (doce mil millones de pesos). Para poderse apropiar de ellos, se inventó la creación de una empresa para extraer oro, cuando allí no existe mina de dicho material. Por esta razón, el municipio se encuentra debiendo tan astronómica suma de dinero, con grave perjuicio para el normal funcionamiento fiscal y administrativo.
De igual forma, el señor Fredys Palacios Ramírez, anterior alcalde, es recordado porque un grupo subversivo le hizo un juicio por corrupción, pues se robó la suma de $9.000'000.000 (nueve mil millones de pesos) que estaban destinados a construir el ramal carreteable Salvijo-Pie de Pato. Sus habitantes continúan esperando que se les cumpla con la obra para poder sacar sus productos al mercado.
La actual alcaldesa, en lugar de mejorar, continúa apoderándose de los dineros del municipio. Como consecuencia de todo este despelote y abusos, tiene varios edificios y vehículos; en noviembre pasado se gastó para un concierto la suma de $600'000.000 (seiscientos millones de pesos), cuando, en honor a la verdad, los habitantes en su gran mayoría se encuentran pasando hambre, miseria y enfermedades.
Las obras y contratos que se realizan son adjudicados a dedo mediante diferentes marrullas, para favorecer a quien es actualmente su esposo.
Además, gastó los dineros del municipio en dos campañas políticas, con el descaro de que ella actuó como jefe de debate, violando las más elementales normas de prohibición impuestas por el Consejo Nacional Electoral. Una de ellas, para favorecer a su esposo, que aspiraba a la Alcaldía de Condoto, y otra del señor Eulice Palacios, que es su candidato a la Alcaldía del Alto Baudó.
Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué función están cumpliendo los organismos de control en el departamento del Chocó, en el caso del Alto Baudó, para que se estén cometiendo semejantes atrocidades a la luz del día y con pleno conocimiento de causa de los organismos fiscalizadores? Es tanta la morosidad que se están violando las más elementales normas de derechos humanos a las personas que directa o indirectamente resultan afectadas con tan criminales procederes.
Pero lo más vergonzoso de todo es que estos personajes estuvieron aspirando a nuevos cargos de elección popular y no han tenido la más mínima vergüenza de exponer nuevamente sus nombres a consideración de los electores. Los habitantes del Alto Baudó son gentes honestas y trabajadoras, pero lamentablemente en poder de una clase dirigente corrupta, desalmada e inhumana.
Ante estas denuncias tan graves, no podemos quedarnos callados y de una vez procederemos a dar traslado de tan vergonzosos actos de corrupción a los organismos de control nacional y del departamento del Chocó, así mismo, a la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República.