Cosecha de la corrupción policial

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Los actos de violencia desmesurados –y completamente reprochables– que cientos de personas han protagonizado en contra de la Policía Nacional durante los últimos días son en parte el fruto de largos años de abuso de poder y corrupción rampante de cientos –quizás miles– de agentes de dicha institución. Tristemente, la proliferación de manzanas podridas ha sido tan recurrente que por fuerza de los hechos los colombianos hemos llegado a concluir que la podredumbre ha corroído mucho más que los frutos, petrificando las ramas, debilitando el tronco y carcomiendo la raíz.

Doy algunos ejemplos que sostienen mi planteamiento: En el trayecto que conduce del Aeropuerto de Rionegro a Medellín y en el Aeropuerto El Dorado agentes de la Policía han montado un negocio bastante lucrativo. Les cobran a los conductores de Uber, Didi y otras plataformas similares cuotas que oscilan entre 50 mil y 100 mil pesos semanales como contraprestación por dejarlos operar ilegalmente. Prácticas similares se repiten a lo largo y ancho de todo el país.

A quienes infringen límites de velocidad, a quienes se movilizan sin la revisión técnico-mecánica, o a quienes se les ha vencido la licencia, les cobran coimas que van desde los 50 mil a los 300 mil pesos. Cuando el policía pregunta “¿Cómo nos ayudamos?”, el conductor sabe que puede proceder a ofrecerle unos pesos para salir del problema.

En Nariño, Chocó, Cauca, Guainía, Vaupés y muchos departamentos más, los mineros ilegales les dan a los comandantes de la policía entre ocho y diez millones de pesos para que les permitan movilizar las dragas y químicos que utilizan en su actividad delictiva con impunidad. Como resultado de tal bellaquería, el país presencia impotente uno de los peores ecocidios de la historia reciente. En muchos casos los alcaldes o algunos de los miembros de su equipo de trabajo también comen de ese pastel.

Una fórmula similar opera en los puestos de frontera y rutas del contrabando. Por ellas se transportan confecciones, ganado y gasolina, al igual que metralletas, granadas y uniformes para bandas criminales, el Eln o disidentes de las Farc. También se mueven oro, cocaína y dinero de la economía mafiosa, responsable del desangre del país y de los asesinatos de cientos de líderes sociales. Cada cierto tiempo la Policía anuncia la caída de un cargamento de cualquier cosa, pero el grueso de la economía ilegal sigue moviéndose sin freno alguno.

En las ciudades, cientos de policías se han concertado para delinquir con bandas criminales y de microtráfico que les pagan sobornos para que hagan caso omiso de sus deberes y los dejen traficar drogas con impunidad. Muchas de esas bandas operan en las inmediaciones de colegios, parques y barrios de personas humildes que tienen que sufrir la intimidación, la extorsión y la violencia de dichos delincuentes.

Por si fuera poco, los vendedores ambulantes, aquellos que viven de vender empanadas, manillas, ropa o cualquier producto del rebusque, los mensajeros de Rappi y cientos de trabajadores que sobreviven gracias a sus actividades en la economía informal, sufren extorsiones permanentes por parte de la Policía. Los ciudadanos ven así cómo la ley es convertida en crimen; observan cómo el uniforme que tantos policías han portado con gallardía, decoro y patriotismo, es mancillado por policías corruptos y déspotas que lo usan para obtener provecho personal y humillar a sus compatriotas.

Quienes deberían cuidar a la ciudadanía se han vuelto contra ella, granjeándose su odio, que crece en la misma medida que el abuso y la corrupción aumentan. Le viene a uno a la mente la imagen de un cañería tapada que se desborda. Y mientras todo esto ocurre en las calles, en la interacción del policía raso con el ciudadano de a pie, las altas esferas de la Policía Nacional se ven envueltas en escándalos que no cesan. Generales, coroneles y policías de todo rango se ven envueltos en casos de corrupción, intrigas y asesinatos que trascienden cada par de semanas a la palestra pública. ¿Qué podría esperarse de semejante cuadro?

La violencia en todas sus formas es inaceptable. Quienes en días pasados afectaron la vida e integridad de otros ciudadanos y policías, al igual que cientos de bienes públicos y privados deben responder por ello. Pero no es de extrañar el estallido social que estamos presenciado si se mira con detenimiento el prontuario que ha ido acumulando sobre sí una institución que debería cuidarnos y ser símbolo de probidad y transparencia. Si la Policía no sufre una reforma profunda, en su ética, sus valores y sus procedimientos, seguiremos observando el aumento del cataclismo social que hoy nos abruma y que permite adivinar que el futuro que se avecina es aún peor que el presente.

P.S. La familia de Catherine Juvinao, directora de Trabajen Vagos y una de las integrantes de la Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA), de la cual el Instituto Anticorrupción hace parte, recibió esta semana amenazas contra la vida e integridad de sus miembros. El Gobierno Nacional debe proveer todo lo necesario para garantizar su protección.

* Director del Instituto Anticorrupción

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