Crímenes convertidos en paisaje

Levanto mi voz para decir que no me representa nadie que sienta simpatía por un crimen o que guarde silencio frente a la violencia que nos martiriza. Es mi manera de acompañar, una vez más, a quienes reclaman justicia y ruegan por un mínimo sentido de humanidad.

Quiero dedicar esta columna a la memoria de Dimar Torres Arévalo, reinsertado de las Farc, asesinado por hombres del Ejército, a sus 39 años el pasado mes de abril.

También dedico este texto a las familias de Ángela Gaitán Pérez, 12 años; José Rojas Andrade, 15 años; Sandra Vargas Cuéllar, 16 años; Diana Medina Garzón, 16 años; Jhon Pinzón Saldaña, 17 años; Wilmer Castro Acuña, 17 años, y Aibimiller Morales, 17 años. Ellos son los menores de edad reclutados forzosamente por criminales disidentes de las Farc, y que fueron asesinados en un bombardeo de las Fuerzas Militares (todavía se desconoce la identidad del octavo menor que murió en el ataque). Esas muertes fueron encubiertas por toda la cadena de mando. Así lo confirmó esta semana el senador Roy Barreras en el debate de moción de censura contra el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero.

¿Qué le podemos pedir a una banda de criminales? ¿Qué le debemos pedir al Estado? ¿Es optativo igualar las fuerzas legales con las ilegales? No. El Estado tiene la obligación de proteger a los niños contra el reclutamiento, y el derecho internacional humanitario y nuestra legislación reconocen a cada menor que ha sido vinculado a un grupo armado ilegal como una víctima. ¿Qué parte de eso es tan difícil de entender como para que el exministro, la vicepresidenta y los miembros del Centro Democrático sigan dando declaraciones escandalosas que solo justifican los crímenes de Estado?

“Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra” es la crónica que escribió José Guarnizo, editor de revista Semana. Deberíamos memorizar cada palabra de esa investigación para no dejarnos vencer por la tentación de ser como quienes quieren enterrar ese caso, y hacer igual cosa con la exposición de Barreras. Y en vez de hacer virales los inútiles hashtags, tendríamos que preguntarnos cómo es que hemos normalizado que uniformados legales sean asesinos, y cómo es que seguimos fallándole a la niñez, pero no a la que viven los hijos de los políticos que se relamen con la muerte, sino la de los campesinos e indígenas marginados que son los que al final hacen la guerra.

129 exguerrilleros y 280 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos años. Ante esto, el presidente Iván Duque y su antecesor, Juan Manuel Santos, son igualmente responsables. Santos habla de paz mientras dejó unos acuerdos a medias dándoles así la gasolina a los detractores. Santos y su entonces ministro Luis Carlos Villegas también nos dejaron boquiabiertos con su falta de sensibilidad y acción frente a los asesinatos de desmovilizados y líderes.

“Si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación”, afirmó el exministro Botero cuando se confirmaron las circunstancias en las que mataron a Dimar. ¿Y recuerdan ese diciembre de 2017 en Noticias Uno cuando el exministro Villegas señaló que “la inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en las regiones son por “un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”? No sé quién me produce mayor repudio.

Santos con Villegas y Duque con Botero son unos farsantes. Al final, no importa de qué lado de la historia quieran estar. En mi memoria son cómplices de las desgracias que padecen miles de colombianos. Mientras tanto, exigiré justicia por Dimar y los menores mencionados. No podrá Botero, ni nadie de su partido de gobierno, sumar mi nombre al paisaje en el que quieren convertirlos.

@ClaMoralesM

* Periodista.