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Entre política y economía, lo coyuntural y lo estructural, incluidos y excluidos, y empresa malvada y empresa fraterna.
Para ir de lo más general a lo más concreto, el primer dilema es si privilegiar la política o la economía en la actividad política.
Lo normal es que la izquierda privilegie la política y la derecha, la economía, porque la primera suele buscar un cambio en el régimen económico y la segunda, proteger o conservar la economía frente a experimentos potencialmente desastrosos.
El equilibrio no es fácil. Si un partido privilegia en exceso la economía, le pueden ganar la política (las elecciones, el poder político) y por ahí derecho el manejo de la economía. Si se privilegia en exceso la política, puede no ganar las elecciones porque las bases sociales de la economía operante evitan el riesgo.
El expresidente Uribe sugiere que la reducción de la jornada laboral sin disminución de salario es una medida política para prevenir una fractura social que lleve al despeñadero a la economía. Es decir, está privilegiando la política sobre la economía para salvar del riesgo político a la economía. Así está resolviendo Uribe el dilema político mayor.
El segundo dilema es si en la política domina lo coyuntural o lo estructural, el corto plazo o el largo plazo. Tampoco es fácil el equilibrio. Un partido que se dedique a lo estructural de largo plazo puede condenarse a ver cómo los “coyunturalistas” ganan las elecciones. Y aunque depende del programa del partido, privilegiar en exceso el corto plazo puede debilitar su rol en la sociedad como gestor y estructurador de futuro, que es tal vez lo más importante.
El expresidente Uribe definió su horizonte mediante el “ojo con el 2022”, que es el corto plazo. Una reforma laboral estructural no se ajusta a este horizonte y no es políticamente viable. Lo que sirve son propuestas que ganen el favor popular y marquen agenda.
El razonamiento de “ganando en el 2022 se podrá organizar el largo plazo” es difícil de discutir, especialmente si en un país existe poca imaginación para la política como el arte y la ciencia de construir día a día el futuro planeado, cosa que ciertamente es menos difícil en la China.
Esta decisión de Álvaro Uribe por el corto plazo toma forma en una propuesta que implica resolver otros dos dilemas: uno referido a la gestión de los incluidos y los excluidos del sistema y otro, al rol de la institución empresa con ánimo de lucro en la sociedad.
Si los trabajadores informales son más o menos la misma cantidad que los trabajadores formales (entre 5 y 6 millones), ¿por qué se cree que es políticamente más rentable beneficiar a los que están en el mercado de trabajo formal, incluso con perjuicio de los trabajadores informales? Ni nuestros partidos, ni la ciencia política y la sociología electoral del país tienen la suficiente data y análisis para responder bien esta cuestión.
Lo que sí sabemos es que los incluidos en el sistema tienen representación y capacidad superiores para defender sus intereses, en comparación con los excluidos. “Políticamente viable” se refiere, sobre todo, a las reacciones de los incluidos. Los trabajadores informales, los excluidos, viven una serie de vulnerabilidades que no están bien ni para la equidad social ni para la productividad laboral, pero cuadran mal en la ecuación política.
Si un partido se concentra en los excluidos, difícilmente ganará, y si lo hace en los incluidos, contribuye al riesgo de que los excluidos pateen la mesa. Se dirá que para los excluidos está ingreso solidario y otras promesas de dinero de los contribuyentes, pero eso no es inclusión productiva y remite a la discusión sobre el tipo de sociedad y economía que queremos.
La reducción de la jornada laboral en este momento económico toma claramente partido en el dilema incluidos/excluidos y también en el de si la empresa en sí misma es un instrumento de política social o redistributiva o no. La “economía fraterna” tiende a creer que sí, imponiendo cargas que no pueden soportar las empresas pequeñas, lo que conduce a la informalidad con las malas consecuencias ya sabidas.
El mejor papel del Estado es facilitar que a las empresas les vaya bien, respetando los derechos de los trabajadores y las obligaciones medioambientales, y luego cobrarles impuestos. Ponerles cargas y trabas que dificulten que les vaya bien frena la creación de riqueza, especialmente de los nuevos y pequeños en el juego legal y formal.
No estamos obligados a escoger entre las nociones de empresario como un ser malvado por naturaleza que busca explotar a los trabajadores y de empresario como benefactor fraterno que debe pagar a los trabajadores lo que no puede, pero ese es el dilema que se ha planteado. Una forma de resolver este problema cultural e ideológico es imaginar que cualquier colombiano puede ser empresario, ya no tan malvado ni tan benefactor.
Las empresas reciben del entorno incentivos fuertes para ser responsables social y ambientalmente, para lo que ayuda enormemente la formalización, y si bien esto no acaba la necesidad del debate sobre el tipo de capitalismo colombiano, sí es bastante mejor que elevar los costos salariales y no salariales por algo parecido a política social o cristiana.
Las opciones que ha tomado el expresidente Uribe en este tema laboral son consistentes entre sí y nos recuerdan que su liderazgo ideológico y programático se ha convertido en un dilema para la centroderecha colombiana.
