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La semana pasada, el presidente Duque —cumpliendo la norma de planeación participativa— entregó al Consejo Nacional de Planeación (CNP) el documento “Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” (PND). Según documento previo que el Consejo Nacional de Planeación había entregado al DNP, el PND debe tener como uno de sus ejes articuladores una política ambiental transversal y envolvente que gire en torno al cambio climático (CC).
El CC y los climas extremos asociados urgen y exigen acciones contundentes desde el Gobierno Nacional para disminuir los impactos por sequías, inundaciones y avalanchas; fenómenos que afectan la evolución de los sectores productivos y la calidad de vida de los colombianos. Hoy Colombia, por destrucción de sus cuencas y errática ubicación de asentamientos humanos, presenta una alta vulnerabilidad ante el CC, lo que exige recursos financieros y una clara estrategia de intervención gubernamental.
La urgencia y magnitud de lo anterior se refuerza con el reciente informe sobre CC titulado “Calentamiento global de 1,5 °C”, que en octubre pasado publicó el Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés). Este informe urge evitar llegar a 2 °C de incremento en la temperatura global y presenta los posibles efectos de un incremento de 1,5 °C. Lo que hasta ahora estamos viviendo, que para Colombia ya es relevante, corresponde a un calentamiento de 1 °C y la temperatura sigue aumentando. Es decir, habrá avalanchas, inundaciones y sequías más frecuentes y fuertes.
El capítulo del PND “Pacto para la sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo” contiene propuestas importantes para encauzar al país por la senda del desarrollo sostenible. Sin embargo, para que los temas, metas e indicadores tomen la importancia requerida, debe reconocerse un peso mayor y adecuada financiación para que la gestión ambiental intervenga en relación transversal con todos los sectores económicos y las propuestas territoriales del PND.
Los impactos locales del CC y los compromisos internacionales (Acuerdo de París e ingreso a la OCDE, entre otros) generan grandes retos para el Gobierno y para la sociedad civil, en una etapa en la que se requiere pasar de propuestas de política ambiental y desarrollo legislativo a indicadores de gestión y resultado.
Urge recuperar y proteger con vegetación boscosa esos 30 metros en riberas de ríos y nacimientos de agua y, al menos, cinco metros en la ronda de todas las quebradas. Esto es lo mínimo para iniciar la recuperación de la llamada estructura ecológica principal; acción indispensable para amortiguar las crecientes, disminuir los deslizamientos y proteger a los habitantes de pueblos y ciudades.
En zonas de minifundio el Gobierno debe apoyar al campesino con incentivos y compensaciones económicas. Y en todo el territorio debe aplicar la ley y exigir la recuperación de las rondas hídricas y que se cumpla con la función ecológica de la propiedad enunciada en la Constitución. Debemos convertir esto en una cruzada nacional, anunciada y liderada por la Presidencia, resaltada y presupuestada en el PND. Ante los climas extremos, reubicar zonas urbanas y recuperar y proteger cuencas son acciones preventivas que ganan la mayor prioridad y ¡debemos empezar ya!
P.D. Sería oportuno que el acuerdo nacional por la educación incluyera, en todos los grados educativos, referentes ecosistémicos y análisis de la relación sociedad-naturaleza.