De crímenes y “roscogramas”

TODO COMENZÓ CON LA EXPLOsión de la parapolítica, o, en palabras del senador Jorge Robledo, del parauribismo. Y más cuando principiaron a caer parientes del Presidente y amigotes suyos. Más de setenta congresistas, la mayoría de las toldas uribistas, están conectados con un fenómeno atroz, que en Colombia ha producido crímenes de lesa humanidad, pero que el oscurantismo quiere que queden impunes.

Nunca antes, ni siquiera en los tiempos de la Regeneración o de la Guerra de los Mil Días, el país había caído tan bajo en los precipicios de la desinstitucionalización. Y del choque de poderes. Y de la pretensión antidemocrática de la concentración del poder. El asunto hunde sus raíces en la reelección presidencial, o en la reforma del “articulito”, que comenzó a hacer añicos la Constitución del 91. El Presidente (llamado por algunos Yo el Supremo, como el paraguayo Rodríguez de Francia) tiene facultades para incidir en la elección del Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Procurador General, los miembros de la junta del Banco de la República, en fin.

Es curioso que cada que hay posibilidades de desenmascaramientos, se arman escenas de ficción para crear cortinas de humo. Cuando los procesos de parapolítica y el “yidisgate” están en su clímax, surgen posiciones intimidatorias contra las cortes procedentes del Ejecutivo. Es como si se quisiera incinerar a los magistrados, como pasó en el asalto al Palacio de Justicia.

Ahora, desde la Casa de Nariño se habla del “roscograma” judicial, quizá en una actitud que quiere disimular la paja en el ojo propio. Porque si de clientelismos y roscas se trata, el Gobierno no ha abandonado tal práctica, sino que, más bien, la ha perfeccionado, sin ruborizarse. Para no ir muy lejos, repásense por ejemplo algunas notarías y el servicio diplomático y verán. El Gobierno, que implementa sus intereses políticos por encima de los del Estado, pretende cada día que sus conmilitones se tomen la justicia y otros ámbitos.

Se notan las ganas de absolutismo. Y de impunidades. Parece haber una actitud de vindicta contra la Corte Suprema por sus investigaciones de la parapolítica. Se urden montajes, como el caso Tasmania, para quebrar la credibilidad de un magistrado; peones (o peonas) del príncipe graban clandestinamente a un investigador de la Corte. Es evidente la sistemática campaña de desprestigio contra quienes buscan dilucidar los intríngulis del “parauribismo”.

Estas y otras actitudes, dan pie para afirmar que hay, hace rato, un Estado mafioso, un desprecio por la justicia, una conspiración para dejar sin castigo a aquellos que inspiraron el bárbaro proyecto paramilitar. ¿Por qué se extraditaron a Estados Unidos a 14 paramilitares? ¿Acaso para impedir el alcance de la Corte Penal Internacional? Sin embargo, ya ésta se hizo notar en el país.

Una carta de la CPI, suscrita por uno de sus fiscales, el argentino Luis Moreno Ocampo, solicita al Gobierno que hay que juzgar a los políticos y congresistas que amparaban el proyecto paramilitar y pregunta si “la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos”. Así que la propalación del cuento del “roscograma” lo que desea es desviar el necesario debate sobre los crímenes de lesa humanidad y sus promotores.

La Corte Penal Internacional, según su reciente misiva, sí parece estar interesada en que se detecten las relaciones entre el paramilitarismo y ciertos políticos; quiénes cranearon y diseñaron el proyecto que ha causado millares de víctimas, desplazamientos forzados, fosas comunes; cuáles –además de los ejecutores del horror– estuvieron como ideólogos y patrocinadores de ese plan de exterminio.

Hay una esperanza para llegar a la verdad: la Corte Penal Internacional, a la que no le valen “roscogramas”. En Colombia, más que hacerla cojear, a la justicia le quieren cortar las piernas.