De financiaciones y sanciones

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESto por el acto legislativo 01 de 2009, o Reforma Política, el Congreso de la República estudia un proyecto de Ley Estatutaria para reglamentar algunos de sus contenidos.

Los principales temas son la organización y funcionamiento de los partidos, las consultas internas y la rendición de cuentas;  la financiación estatal y privada de las campañas y de los partidos; y las acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos y las sanciones a los partidos, candidatos y congresistas por la comisión de estas acciones.

Los asuntos que han recibido la mayor atención en los debates parlamentarios son los relacionados con la financiación de las campañas, y en menor medida con el funcionamiento de los partidos, mientras que los referidos a las sanciones y a las responsabilidades políticas de candidatos, partidos y movimientos políticos apenas han sido abordados en las discusiones. Esto no causa mayor sorpresa, y refleja que el mayor interés de los congresistas en este momento es garantizar condiciones favorables para enfrentar la campaña electoral que se avecina, mediante la optimización de los recursos de financiación públicos y privados. Sin embargo, para los ciudadanos debe ser motivo de preocupación y reflexión el hecho de que las sanciones y responsabilidades de los partidos y aspirantes a cargos públicos por las actuaciones irregulares e ilegales de sus miembros, directivos o candidatos, como por ejemplo las que se derivan de los vínculos con actores armados, apenas han sido discutidas.

El país no puede olvidar que en la actualidad hay más de ochenta congresistas que están siendo investigados por sus vínculos por la parapolítica y que los partidos que en su momento los avalaron no han asumido responsabilidad política alguna frente al país y a los electores. Y lo más grave es que los riesgos de que en el futuro sectores vinculados con la ilegalidad incidan en los procesos electorales están latentes. Si hoy sobran las evidencias sobre la influencia de los paramilitares en las elecciones de 2002, 2003 y 2006, la cual se tradujo en una importante representación en cuerpos colegiados y cargos de elección popular nacionales, departamentales y municipales, nada impide que en 2010 esta situación se repita. Sobre todo, cuando muchos de los políticos investigados aparentemente ya han designado a familiares como sus sucesores, y cuando todos los días se denuncia la aparición o reaparición de bandas criminales vinculadas con estos sectores en diferentes regiones del país. El domingo pasado, por ejemplo, El Espectador publicó una entrevista con el Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, quien expresó su preocupación por “la ola de violencia que estos grupos están ejerciendo contra la población civil” y por el hecho de que hasta ahora no haya habido ningún fallo en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Y mientras todo esto sucede, algunos congresistas discuten si el Gobierno debe asumir los costos de transporte el día de las elecciones o si la reposición por cada voto obtenido debe ser de cuatrocientos o cuatrocientos veinte pesos.