De la protesta a la propuesta

Durante el paro, los ciudadanos han generado y arengado gran cantidad de demandas. Calibradas las fuerzas, es tiempo de pasar de las conversaciones a las negociaciones. Para ello es necesario elaborar propuestas que aterricen las demandas y generar indicadores de seguimiento al cumplimiento de lo que se acuerde. Las demandas deben ser realistas; el Gobierno tiene que ofrecer y la ciudadanía aceptar compromisos claros y suficientes ante una realidad con posibilidades ciertas y limitadas de ajuste y cambio en el año de gobierno que le queda a Duque. Los milagros no son posibles, pero tampoco podemos aceptar respuestas dilatorias.

Como referente de lo que no podemos repetir está lo ocurrido en la mesa ambiental posterior a noviembre de 2019. Allí se priorizaron temas y el Gobierno se comprometió a lograr resultados. Hasta ahora los avances son nulos o muy precarios. Se acordó: proteger a los líderes sociales, ratificar el Acuerdo de Escazú y apoyar a los grupos étnicos y su gestión ambiental; combatir la deforestación, restaurar ecosistemas y adelantar un plan nacional de bosques; fortalecer el SINA; revisar compromisos en fracking, minería y conservación de páramos; declarar la emergencia climática; suspender los plásticos de un solo uso; prohibir el uso de glifosato y acelerar la transición energética.

Para analizar el papel de lo ambiental en la dinámica del paro nacional actual, revisemos la propuesta académica “Carta universitaria a la nación colombiana”, firmada el 5 de mayo de 2021 por siete rectores de universidades públicas y privadas. Contiene propuestas en seis temas estructurales: pacto fiscal, salud, democracia, Acuerdo de Paz, Fuerza Pública y educación. Lo ambiental, que está marginalmente tratado, combina acciones de corto y largo plazo, y hoy no es tema central en la negociación del paro.

En este contexto, un comunicado firmado por más de 120 organizaciones ambientales, “Pronunciamiento del ambientalismo en el paro nacional 2021”, retoma temas planteados en noviembre de 2019 y elabora ocho puntos. Estos reflejan la aspiración de jóvenes, líderes sociales y ambientales, y deben ser considerados por las partes que negocian el paro nacional y por los candidatos para las próximas elecciones.

Como aporte a la discusión y pensando en metas concretas, me atrevo a ratificar o proponer algunos indicadores de cumplimiento para finales de 2021: 1) Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales. Indicador: ratificar el Acuerdo de Escazú. 2) Prohibir la aspersión de glifosato. Indicador: que no haya fumigaciones. 3) Detener de manera urgente la deforestación. Indicador: suspender titulación individual en la Amazonia y Andén Pacífico, y realizar solo titulación y acuerdos de uso con y para las comunidades. 4) Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional. Indicador: abrir procesos de discusión suficientes y transparentes en los territorios como parte esencial para la licencia ambiental. 5) Prohibir el fracking. Indicador: gestionar el cumplimiento de las ocho condiciones propuestas por la Comisión Interdisciplinaria previo a los proyectos piloto de investigación (PPII) y suspender durante el periodo que le queda a Duque los PPII. 6) Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares. Indicador: no modificar la legislación y aplicarla efectivamente. 7) Garantizar la protección integral del agua como bien común. Indicador: consolidar los acueductos comunitarios y la recuperación de las cuencas aportantes. 8) Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, turísticos, de navegabilidad, de puertos e infraestructura. Indicador: abrir mesas de trabajo locales para que se aprueben o reprueben dichos proyectos.

El comunicado de las organizaciones ambientales tiene algunas metas imposibles para el corto período que le queda a Duque. Ojalá se acordaran metas factibles y se cumplieran para beneficio de todos.