Los peajes de las carreteras ilustran uno de los problemas cotidianos de la transformación digital: En la mayoría se siguen haciendo filas que incluso generan problemas de movilidad; solo en algunos se cuenta con pagos electrónicos y muchas tarjetas de pago solo sirven en un ámbito regional. Esta misma realidad se observa en otros trámites y servicios del Estado, donde se observa disparidad, falta de acceso, procesos presenciales y falta de uniformidad.
En esta época no deberíamos seguir teniendo filas, pagos en efectivo y tarjetas regionales incompatibles en los peajes y, por ello, Colombia debe avanzar hacia la interoperabilidad plena, reglas de compensación entre operadores, información transparente y un estándar técnico común que permita el cobro automático sin necesidad de detener el vehículo.
La misma lógica debe aplicarse a otros pagos públicos, historias clínicas, expedientes, licencias y registros: una arquitectura común, múltiples proveedores y una experiencia sencilla para la ciudadanía. Modernizar estos servicios exige más que señal de internet, pues se requiere de infraestructura, datos, talento y capacidad institucional; en este sentido, llevar señal es indispensable, pero no suficiente.
Sobre la conectividad real, Colombia todavía tiene problemas profundos de acceso a internet, sobre todo en zonas rurales. Para superarlos se propone una estrategia híbrida: inversión del Estado en infraestructura de fibra óptica para garantizar conectividad de alta capacidad y, en las zonas rurales o de difícil acceso, internet satelital instalado en puntos estratégicos, debido a que en ciertos casos requiere menos infraestructura y esfuerzos de instalación.
Como se indicó, llevar conectividad es apenas el comienzo. También se necesitan estrategias que permitan a las pequeñas y medianas empresas adoptar tecnologías y no equivocarse en el proceso. Una encuesta de Gartner a 782 responsables de infraestructura y operaciones mostró que, entre quienes enfrentaron dificultades en proyectos de inteligencia artificial, el 38 % señaló brechas persistentes de habilidades y otro 38 % problemas de calidad o disponibilidad de datos, lo cual demuestra que la adopción tecnológica requiere preparación, datos confiables y objetivos de negocio claros.
Los datos deben aprovecharse en beneficio de la economía y del país, con reglas claras de calidad, acceso y protección. Bogotá ha sido pionera en el manejo de datos abiertos y avanza en su publicación de forma cada vez más estructurada para que puedan ser aprovechados por empresarios, investigadores y ciudadanos, lo cual evidencia que es clave alinear al Gobierno Nacional con las ciudades capitales para construir un sistema nacional de datos públicos abiertos e interconectados.
Las TIC también deben servir como instrumento de impulso para la economía del país, sobre todo de emprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Según una publicación de Gartner del 25 de abril de 2024, las empresas con inversiones en tecnologías emergentes logran aproximadamente una relación 20:1 (US$20 de ingresos por cada US$1 invertido), lo cual demuestra que es indispensable desplegar estrategias que le permitan a las MiPymes adoptar tecnologías y no equivocarse en el proceso.
También hay que atraer inversión en tecnología y promover asociaciones público-privadas que permitan desarrollar servicios tecnológicos de alto impacto con elevados estándares jurídicos y técnicos que involucren las nuevas TIC, inteligencia artificial, blockchain, IoT, entre otras. La prevención, identificación y judicialización del delito, así como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la construcción y el transporte, son sectores en los que la tecnología puede generar cambios profundos. Por ende, iniciativas estatales como “ciudades y territorios inteligentes” deben integrarse a este propósito y dejar de funcionar como proyectos aislados.
En ese contexto de modernización surge otra alternativa: Nube Colombia. Tanto la infraestructura actual como las nuevas tecnologías requieren centros de datos seguros, optimizados y con capacidad suficiente para soportar operaciones digitales estratégicas.
Por ello se propone fortalecer el ecosistema nacional y evaluar qué información y aplicaciones pueden resguardarse en nube pública y cuáles requieren centros de datos creados, gestionados y ubicados en Colombia y, así mismo, evaluar si esa infraestructura bajo control colombiano puede ofrecerse a privados nacionales e internacionales para atraer inversión extranjera.
De manera transversal se encuentra la seguridad: La Policía Nacional informó que el CAI Virtual atendió 13.192 incidentes en 2025, entre ellos hurtos por medios informáticos, accesos abusivos y violaciones de datos personales. Cada trámite que migra a internet sin autenticación adecuada, gestión de riesgos, atención al usuario y respuesta a incidentes puede trasladar la fila de la ventanilla al fraude digital, por lo que es indispensable fortalecer los mecanismos de ciberseguridad, la educación digital preventiva y la expedición de protocolos estrictos en materias sensibles como la validación de identidad por medios virtuales.
La inteligencia artificial completa esta agenda. Colombia ya cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial plasmada en el CONPES 4144, que definió 106 acciones hasta 2030 y estimó recursos por 479.273 millones de pesos.
El principal riesgo es que ese CONPES permanezca en el papel, por lo cual la primera tarea debe ser diagnosticar el estado de sus 106 acciones: avance real, entidad responsable, recursos apropiados, meta anual, retrasos y riesgos. Ese diagnóstico permitiría trazar una hoja de ruta factible, con prioridades y victorias tempranas.
La ejecución del CONPES debe concentrarse en condiciones habilitantes: datos públicos de calidad, reglas de acceso, capacidad de cómputo, investigación aplicada, talento, adopción empresarial y territorial, y una gobernanza que evalúe impactos y riesgos. En el Estado, la inteligencia artificial debería priorizar problemas concretos —detección de fraude, asignación de citas, mantenimiento predictivo, analítica para salud y educación y atención ciudadana— mediante pilotos con línea de base, evaluación independiente, transparencia y revisión humana.
Todas estas iniciativas y otras que puedan surgir deben partir de una idea central: la tecnología no debe medirse por el número de plataformas, centros de datos o algoritmos adquiridos. Debe medirse por su capacidad para reducir una fila, crear un empleo, evitar un fraude, conectar una vereda o permitir que una persona reciba atención médica sin importar dónde se encuentre.
Conectar no es solo llevar señal: es construir las capacidades para que esa señal se convierta en oportunidades, productividad y derechos y, para ello, es fundamental que el nuevo Gobierno conciba la inversión en TIC como un aspecto prioritario y transversal para el desarrollo del país.