De procurador perverso a embajador indigno

Si este país fuese serio y tuviera un presidente demócrata, jamás habría nombrado como embajadores a Alejandro Ordóñez ante la OEA ni al camaleón de Angelino Garzón en Costa Rica. Pero Duque es capaz de cualquier cosa.

Ordóñez y Garzón carecían de las credenciales mínimas para asumir esos cargos, empezando por las éticas. Ya habrá tiempo de volver con Angelino y sus famosas arbitrariedades como diplomático; por ahora el tema es Ordóñez, un procurador corrupto que desde esa alta investidura persiguió a muchos y se hizo el de la vista gorda en asuntos muy sensibles. Diestro conseguidor de prebendas burocráticas, muchas de las cuales conserva, como una inmensa cuota de sus amigos en la Procuraduría, o la Dirección Seccional de Fiscalías en Bolívar entregada a su cuñada Ibeth Cecilia Hernández Sampayo, o la Coordinación de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia hoy en manos del tenebroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, su viejo cómplice de todas las horas.

Las consecuencias no tardaron en llegar. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano por causa de las gruesas equivocaciones en las que incurrió un procurador que, como Ordóñez, en mala hora fue elegido allí por una intimidada, irresponsable y decadente clase política.

El fallo de la CIDH está magistralmente concebido y es muy convincente. Esta condena ha concluido que el Estado colombiano, a través del entonces procurador Ordóñez, al destituir a Petro como alcalde de Bogotá e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas, violó sus derechos políticos y la imparcialidad judicial.

Algunos despistados han criticado este fallo de la CIDH porque dispuso lo que aquí habíamos anunciado cuando se desató la tempestad contra Petro, en el sentido de que solamente un juez penal podía destituir a un funcionario elegido popularmente. Eso habría sido discutible si no hubiera sido por el regaño monumental y merecido a Ordóñez, porque la CIDH “concluyó que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias”. ¡Qué vergüenza! Ni a un estudiante de primer semestre de Derecho se le habría ocurrido semejante atropello.

Los dos salvamentos de voto de esa decisión, entre los cuales está el del reputado penalista y científico argentino Zaffaroni, no fueron pidiendo absolver a Colombia, sino reclamando una sanción mucho más severa. Es decir, todos los jueces coincidieron en que se trató de un adefesio y que el Estado colombiano es responsable de tan imborrables faltas.

Lo que la CIDH estableció en esta sentencia no fueron equivocaciones menores, sino lo que en derecho penal se conoce como prevaricato. Ordóñez, a sabiendas de la ilegalidad, destituyó e inhabilitó a Petro. Prevaricó al perseguirlo disciplinariamente y ello ocurrió por varias razones que en su momento muchos advertimos. La primera, su enfermiza convicción de que quienes no rezan a la misma hora en que él lo hace ni delante del mismo Dios son comunistas e indeseables. La segunda, Ordóñez creyó que destituyendo a Petro y cerrándole ilegalmente el camino a futuras dignidades públicas, la ultraderecha le agradecería convirtiéndolo en presidente. Sobre el cadáver político de su contradictor pretendió ceñir la banda presidencial. Lo peor de todo es que, conociendo el cinismo de Ordóñez, después de esta condena que sufrimos todos, siga acariciando el proyecto de acceder a la primera magistratura.

No basta con despojar a Ordóñez de unos pocos pesos para que el erario en algo quede resarcido a la hora de indemnizar a Petro, pues eso no le hace cosquillas a alguien curiosamente acaudalado como el exprocurador. Es necesario, además, para que no haya impunidad, que se le investigue disciplinaria y penalmente, ya que a Duque le tiembla la mano y le falta carácter para pedirle la renuncia como impresentable embajador en la OEA.

Adenda. El castrochavismo llegó, pero con Duque. El Gobierno hoy es dueño de Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Registraduría, Procuraduría y pronto se tomará el Consejo de la Judicatura.

notasdebuhardilla@hotmail.com