Debate urgente

Un caldo de cultivo para que su organismo entero falle de un momento a otro. Su caso es bastante conocido y ha dado para que al tema de la salud, desde una perspectiva bastante individual, se le den cuantos enfoques le quepan: desde lo económico hasta lo jurídico, pasando por lo emocional y el uso de las redes sociales.

Todo el que se atreva a cuestionar, desde cualquier perspectiva, el manejo que ha tenido el caso es condenado: Camila Abuabara está próxima a recibir, por cuenta de un fallo de tutela de un juez de control de garantías de Bogotá, un trasplante de médula ósea en el hospital MD Andersen Cancer Center de Houston, Estados Unidos. Ella dio vueltas en Colombia, tuvo líos con su EPS y emprendió una batalla mediática para recibir un tratamiento experimental que le permitiera someterse de forma segura a esta operación. Lo que no pudo hacerse en su momento en Colombia (dicen los demandantes que por demoras burocráticas en la EPS; ésta, que porque el estado de salud de Camila entonces no lo aconsejaba) es hoy una realidad pronta para ella.

Todo luce positivo siempre y cuando no se tengan en cuenta los recursos de gran calado que se han invertido para esos dos episodios: más de un millón de dólares ha dado la Fundación Sánitas, del grupo de su EPS pero con recursos propios por fuera del sistema de salud, para el tratamiento experimental inicial. Ahora, el trasplante de médula lo pagaremos todos los colombianos, por orden del juez, por la bicoca de $4.000 millones. Y entonces viene la discusión.

Esto dice el juez en su providencia: “el costo del trasplante debe ser asumido, por ahora, por parte del Fosyga, mientras se decide la acción de tutela incoada en su contra; lo anterior con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida y la integridad personal”. Otra cosa bien distinta piensa el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien no duda en afirmar que los tratamientos experimentales en el exterior no pueden ser asumidos por el sistema de salud colombiano. Menos si “el trasplante de Camila se puede hacer en Colombia; tenemos experiencia y tradición”. Suena razonable desde el punto de vista financiero, si sabemos que allá cuesta 10 veces más que acá, y también desde el médico, si en el país se cuenta con la capacidad de hacerlo sin mayores diferencias.

No hablamos desde la mezquindad: el sistema de salud, que está a reventar, debe atender de manera proporcional a toda la población. Las preguntas no dan espera. Si en el futuro sale otro caso similar, ¿volvemos a sacarnos del bolsillo esa plata? ¿Para todas las enfermedades cuya esperanza está en procedimientos experimentales? ¿Y para pagar, una reforma tributaria que aceptaremos gustosos? Dudamos mucho que un Estado serio dé una respuesta positiva y sin límites a toda eventualidad.

Si de algo sirve este caso (que dará para más en los estrados judiciales, no cabe duda) es para pensar nuestro sistema de salud de manera seria e integral: el rol de los jueces, de las tutelas, de las EPS, de las farmacéuticas, de los trámites burocráticos, de los recursos limitados. La indignación social por un sistema que no funciona no puede agotarse en un caso.

Tenemos que pensar en lo fundamental del derecho, sí, pero saber al mismo tiempo que los recursos son finitos. ¿Damos, por primera vez, la discusión correcta, o nos seguimos refiriendo a cada caso particular en busca de respuestas individuales?