Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

Decisiones en la puerta de salida

A casi tres meses de culminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos, su Ministerio de Educación Nacional prepara a marchas forzadas nuevas y preocupantes normas. 

En primer lugar, insiste en la derogatoria o modificación del Decreto 1279 de 2002 que establece actualmente el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. Sin embargo, no se conoce aún el articulado propuesto ni los argumentos que justifiquen una u otra decisión. Aunque se ha reiterado que no es el salario de los profesores de planta de las universidades públicas el causante de la asfixia presupuestal que estas padecen, tal parece que el cambio más importante apunta a convertir en bonificación lo que hoy es salario, sin que se parta de un estudio detallado  sobre las exigencias y necesidades reales para la construcción de una auténtica carrera docente, y sin tener en cuenta el impulso que debe brindarse a la investigación y producción científica, las diferencias regionales e institucionales, ni el choque jurídico frente a derechos adquiridos. En realidad, los ingresos reales de los profesores han disminuido recientemente por cuenta de la depreciación constante del valor del punto salarial, y de la reforma tributaria que eliminó rubros exentos.

Con todo, las críticas más importantes señalan dos situaciones. Primera, la propuesta de decreto no resuelve el principal problema de la vinculación docente actual: la enorme cantidad de profesores mal llamados ocasionales que soportan sobre sus hombros buena parte del peso de la academia universitaria sin alcanzar la formalización laboral que merecen, y a quienes no cobija, precisamente, la norma que se sometería a cambio. Segunda, la ausencia de discusión, de consulta, de análisis de la propuesta con la comunidad académica afectada. En solo tres meses y sin conocer aún el articulado concreto, es imposible una participación que trascienda la simple comunicación de la intención unilateral ya definida.

El segundo asunto es igual de grave. Desplegada en forma acelerada, sin el conocimiento previo y suficiente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y sin que se presentara siquiera a los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), se pretende ahora reformar las normas y condiciones que reglamentan el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.      

La propuesta, sin bases conceptuales claras, en contravía de recomendaciones que especialistas nacionales e internacionales han sugerido con respecto al deber ser de un sistema de aseguramiento de la calidad, y modificando vía decreto normas como la Ley 30 de 1992 y la Ley 1188 de 2008, se procura entregar al Ministerio y no al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como sucede hoy, la potestad para definir las condiciones de calidad objeto de evaluación.

En esta dirección, el proceso de acreditación, que debería tender a un desarrollo más autónomo del Gobierno, por el contrario, se constituye en dependiente del Ministerio; se asume como una nueva modalidad de inspección y control permanente cimentada en la desconfianza, y se incrementan las exigencias de condiciones institucionales iniciales y de seguimiento a los planes de mejoramiento en contra de la autonomía universitaria que la Constitución y la ley establecen.

Sin una discusión amplia, juiciosa y prolongada en el tiempo, se cambian funciones de organismos tan importantes como la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y el mismo CNA; se transforma la condición fundamental de par académico —que existe hoy— en los ahora llamados “pares evaluadores”, y se crea un proceso complejo que desconoce la diversidad institucional y castiga la autorregulación y autoevaluación de las propias universidades. Estas deberán, además, soportar nuevas exigencias con un alto costo financiero en los procesos de registro calificado y acreditación de programas de estudio que, en el caso de las instituciones estatales más pequeñas y regionales, las deja en desventaja. 

En este último caso, la posición de Ascun ha sido clara: “Nos complace conocer que el Ministerio de Educación Nacional haga eco de un sentir generalizado en relación con la necesidad de hacer cambios al funcionamiento actual del aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia. Consideramos, sin embargo, que este proyecto de decreto no está listo, hace falta una importante depuración del texto, una reflexión de las consecuencias que tendría la implementación de las propuestas allí contenidas (…) y un análisis de coherencia entre las recomendaciones nacionales e internacionales para un sistema de aseguramiento de la calidad con los aspectos específicos que se incluyen en el decreto”.

Para ambas perspectivas, la modificación o derogatoria del Decreto 1279 de 2002 y la nueva reglamentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional debería atender el clamor de la participación, de la consulta, de la construcción de consensos. La sabiduría comienza por la escucha, advirtió Pitágoras. No por mucho madrugar amanece más temprano, reza un refrán. Otro deja claro que del afán no queda más que el cansancio. Y alguna canción, parodiando a Séneca, recomienda avanzar sin prisa, pero sin pausa.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

 

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