Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Deforestación, parques y glifosato

La legalización del cultivo de la hoja de coca, apoyando su uso para productos farmacéuticos, y la simultánea y severa persecución a los productores y comercializadores de cocaína, además de una reforma agraria que asigne a los campesinos tierra en el interior de la frontera agrícola, mejore su productividad y apoye el desarrollo de productos asociados a la biodiversidad, son alternativas y condiciones que el país parece olvidar cuando hablamos de glifosato y deforestación.

En medio de este debate —donde confluyen múltiples fuerzas, intereses y visiones, y donde la realidad nos evidencia que no hay una solución única o un solo camino a seguir— hay un tema que el país debe afrontar y resolver como prioridad: la estabilidad de nuestros parques nacionales naturales (PNN), patrimonio y riqueza de todos los colombianos, donde la tasa de deforestación debe ser cero. El informe del Ideam muestra que en los PNN, especialmente en los de la Amazonia, hay un severo proceso de deforestación (ver: “¿Qué significan 197.973 hectáreas deforestadas?”). Hay que frenar esto y no es cuestión de Ejército y Policía; mucho menos de glifosato.

Evitar la deforestación en los PNN exige un pronto acuerdo de convivencia entre las comunidades que hoy los habitan, las autoridades ambientales y el Gobierno Nacional. Hay que convertir a las comunidades conformadas por pequeños productores campesinos en aliadas, no en enemigas de este propósito. Los grandes terratenientes ilegales deben salir de los PNN, y si algunos de ellos tienen derechos legítimos, negociar y acordar su salida.

El acuerdo con los campesinos debe ser uno de beneficio mutuo donde, a cambio de secundar la estabilización de los PNN, el campesino reciba apoyo para reconvertir sus procesos productivos en unos amigables con la conservación de la biodiversidad y encontrar oportunidades para generar fuentes adicionales de ingreso con actividades como ecoturismo y restauración ecológica. Para que esto funcione, el apoyo a los campesinos hoy asentados en los PNN debe excluir a los oportunistas que pretendan migrar hacia los PNN, invadiendo nuevas áreas, para beneficiarse del acuerdo. De manera urgente, se deben tomar y anunciar las medidas para evitar este efecto perverso.

Los acuerdos significan compromisos de parte y parte. El Gobierno debe dar los primeros pasos y condicionar beneficios futuros solo a las comunidades cuyos miembros reduzcan a cero la deforestación y los cultivos de coca. Las comunidades deben asegurar que sus miembros no adelantan estos procesos y la fuerza pública debe evitar que agentes externos entren a deforestar o sembrar coca. Las comunidades deben participar activamente del proceso de monitoreo.

Hoy, el Gobierno cuenta con herramientas como las imágenes satelitales para hacer un seguimiento diario, y metro a metro, de los lugares donde se adelantan procesos de deforestación. Si hay determinación política se puede hacer presencia gubernamental al día siguiente de ver que se inicia una tala en el interior de un PNN.

Si el acuerdo opera de manera eficaz, el cultivador de coca y el inversionista que deforestando pretende especular con la apropiación del suelo entenderán que el PNN no es el lugar y que fracasará su intento, pues dentro de un PNN nunca obtendrá título de propiedad y allí el control de la deforestación será mucho mayor, y se adelantará en cooperación entre el Gobierno y las comunidades.

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2019-07-24T01:00:51-05:00

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