Por: Arlene B. Tickner

Del golpe de Estado al fraude electoral

Ocho años después de que el Ejército sacara a José Manuel (Mel) Zelaya del poder, supuestamente porque intentaba saltarse la prohibición constitucional de la reelección mediante un referendo popular —pero, en realidad, porque su “izquierdismo” atemorizaba a las élites—, el actual mandatario de Honduras, José Orlando Hernández (JOH), busca un segundo período luego de que la Corte Suprema —muchos de cuyos magistrados son allegados personales o de su partido— declarara inconstitucional dicha restricción.

Un magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha denunciado que la noche del 26 de noviembre, dicho órgano se disponía a comunicar resultados parciales que favorecían al candidato opositor, Salvador Nasralla, pero que el presidente del TSE, del Partido Nacional, prohibió su publicación porque JOH iba perdiendo. Luego de un silencio de 10 horas, bajo presión de la OEA y con un 57 % del voto contabilizado, el TSE los divulgó pero suspendió el escrutinio por la caída del sistema de conteo. Si bien al presentarse esta “falla técnica” Nasralla llevaba una ventaja de 5 %, al arreglarse, la tendencia se revirtió y Hernández comenzó a reducir la brecha hasta “ganar” con un 42,98 % del voto. Dicho resultado, que no es definitivo, no cuenta con validación ni reconocimiento internacional. De hecho, al conocer el conteo final, la Embajada de Estados Unidos instó al aumento de la transparencia, mientras que la misión de observación de la Unión Europea afirmó que el proceso no ha terminado.

En el intermedio, y ante las protestas masivas y mayoritariamente pacíficas de los hondureños por lo que perciben como un fraude, y el aumento de los saqueos y la violencia, se decretó un toque de queda de 10 días, así como la suspensión del derecho al libre movimiento, medidas que cobijan también a los medios de comunicación y que impiden informar sobre la actual coyuntura. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las fuerzas élite (entrenadas por Estados Unidos y Colombia) en el control de las manifestaciones ha terminado en arrestos, heridos y algunos muertos.

Pese a esto, es difícil que no se consuma la reelección de Hernández. Primero, el grado de colaboración que tiene con Washington en la lucha contra el narcotráfico hace más deseable quedarse callado que denunciar el fraude, pese a la corrupción desvergonzada del Partido Nacional. Segundo, la llegada a la Presidencia de la Alianza de Oposición, en la que Mel Zelaya juega un rol protagónico, equivale a la judicialización de los responsables del asesinato de más de 100 líderes sociales desde el golpe de 2009, la creación de un mecanismo anticorrupción más robusto y la posible reversión de políticas económicas que han favorecido a las élites y las empresas extranjeras. Tercero, el silencio y la acción apática de otros gobiernos y de actores multilaterales como la OEA y la Unión Europea equivalen a la tolerancia del robo electoral, confirmando la poca eficacia de la veeduría internacional y la tal condicionalidad democrática. Digna de admiración la gente que ha salido a las calles y respondido con cacerolazos en defensa de lo que queda de democracia en Honduras, y reprochables la región y el mundo, que la dejan sola en esa lucha.

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