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Aunque no se sabe con certeza quién gobierna, cada vez que el uribismo está en el poder ocurre lo mismo: un ataque orquestado, sistemático y visceral contra la Rama Judicial. No toleran la división tripartita del poder porque cualquier creencia política mesiánica quiere gobernar sola y sin límites. En el Legislativo no encuentran un freno real, pero en la justicia sí hay contrapesos, pues aún quedan hombres y mujeres valientes que defienden la maltrecha Constitución del 91.
No sorprende la propuesta del mediocre representante Álvaro Hernán Prada de reformar un “articulito” de la Carta para que los fallos de la Corte Constitucional sean anulados vía referendo. Recoge el mismo espíritu del otro referendo que propone el ultragodo Herbin Hoyos, con el que pretenden acabar con las cortes y darle un golpe de muerte al Acuerdo de Paz liquidando la JEP. El uribismo no quiere jueces sino lacayos en las altas cortes, que fallen en conciencia, pero guiados por la mano negra que desde siempre ha sofocado el desarrollo. De ello fuimos víctimas en los gobiernos de Uribe, cuando alteraron la Constitución, afectando seriamente la estructura institucional del Estado, permitiendo la concentración de enormes poderes en cabeza del Ejecutivo.
Ahora, en tiempos electorales, pretenden incendiar las masas —esas que prefieren ignorantes y maleables— creando la sensación de que las cortes odian a la gente y nos llevan por el camino del mal. En esta estrategia cobran especial importancia las iglesias que tanto se oponen a la consagración y materialización de derechos fundamentales de las minorías históricamente discriminadas. Al respecto, la documentalista Petra Costal, en su obra Democracia em Vertigem, retrata lúcidamente la peligrosa unión de Bolsonaro en Brasil con las iglesias cristianas, un ejemplo cercano que no podemos ignorar. ¡No a la interrupción voluntaria del embarazo! ¡No al matrimonio ni a la adopción gay! ¡No a las drogas! Cantos que enardecen a las supuestas mayorías, obviando que una de las cardinales características de los Estados modernos, y verdaderamente democráticos, es que las minorías no tengan que ser arrastradas por las mayorías.
La adopción de esta idea, simple pero poderosa, por los regímenes constitucionales modernos costó mucha sangre y tiempo. La deformación de la Revolución francesa por el gobierno plebiscitario de Napoleón lo consagró como cónsul y le dio todos los poderes que necesitó para actuar como dictador. Y este es sólo un recuerdo de cómo la consulta de las masas es un potente sofisma que conduce vertiginosamente a la destrucción del Estado.
Preocupan las propuestas bonapartistas, pero más la inexplicable postura del Gobierno. El jueves la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de dientes para afuera, desautorizó el referendo de Prada. Ella, que ocupa uno de los más importantes cargos del gabinete y que supuestamente maneja las relaciones con el Legislativo, dijo: “Me enteré por una emisora de radio (…) No conocemos el proyecto. No he conversado con el presidente. No considero que el Gobierno respalde esta propuesta”. Soplan vientos que amenazan los cimientos de la república y en la Casa de Nari o en el Palacio Echeverry ni se han enterado o se hacen los bobos. Un Gobierno que no controla a su partido y un partido de gobierno que no escucha al subpresidente Duque.
A pesar de los yerros, no hay que perder la fe en quienes visten la toga y entienden el peso que ella ejerce sobre sí mismos y el destino de este país. En tiempos en que en el Legislativo son pocas las voces de alerta, aunque notables e intrépidas, la estabilidad de la Carta Política podría quedar en manos de la Corte Constitucional. Ojalá esta vez la Corte acierte poniéndole tatequieto a ese engendro totalitario, porque esa será la diferencia entre el remedo de democracia que todavía somos y el siniestro autoritarismo plebiscitario que nos quieren imponer.
Adenda No. 1. No queremos alguaciles en las universidades. ¡Fuera la bota militar!
Adenda No. 2. La respuesta de la inefable ministra del Interior con ocasión de lo que ha pasado es que va a reglamentar la protesta social. Lo mismo que anticipó el caótico ministro de Defensa, Guillermo Botero. Dios los cría.
