Por: Rodrigo Uprimny

Derecho de petición, democracia y prensa

Semana perdió pluralismo y a un gran columnista al despedir a Daniel Coronell por pedir explicaciones sobre la omisión de la revista en informar acerca de la nueva política de estímulos en el Ejército, que podía revivir los terribles falsos positivos. Pero, además, Semana traicionó uno de los pilares de la prensa libre en una democracia: el derecho de los ciudadanos en general y de los periodistas en particular a pedir explicaciones a los poderosos sobre su comportamiento.

El derecho a hacer solicitudes y pedir explicaciones a las autoridades es una de las bases del Estado de derecho, por cuanto es un mecanismo indispensable para lograr mayor transparencia de las instituciones y evitar abusos de poder. Este derecho a formular peticiones a las autoridades ha sido reconocido, desde la Bill of Rights inglesa de 1689, como un derecho fundamental en casi todas las democracias.

La esencia de ese derecho es no solo que el ciudadano pueda pedir una explicación a las autoridades y estas tengan que en general darla, sino que, además, el solicitante no tema represalias por haber formulado la petición.

Ese derecho de petición lo tenemos todos los ciudadanos, pero es especialmente importante para los periodistas y los medios, pues es decisivo para que la prensa se pueda constituir en un contrapoder que contenga al poder y evite sus abusos. ¿Imaginan en qué quedaría la prensa si temiera represalias por pedir explicaciones a un funcionario público?

Los medios con espíritu democrático deben defender con vigor su derecho a pedir explicaciones al poder sin temer represalias. Como los medios importantes, como la revista Semana, son a su vez un poder, entonces deberían admitir que sus periodistas, que también son ciudadanos, puedan pedir a los propios medios explicaciones, en especial cuando el periodista considera que alguno de los comportamientos del medio atenta contra la ética periodista. Es un mínimo de coherencia en la defensa de la prensa libre.

En este caso, las explicaciones solicitadas por Coronell eran razonables, pues parecía inaceptable que una revista seria como Semana no hubiera informado acerca de una política que podía revivir uno de los fenómenos más atroces de las últimas décadas: los llamados falsos positivos, esos asesinatos de jóvenes humildes a manos de integrantes del Ejército, para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Las poco convincentes explicaciones dadas por el director de Semana, Alejandro Santos, sobre esa omisión confirman que la petición de Coronell estaba justificada, pues Santos reconoció que la revista cometió varios errores al no publicar esa información. Y, sin embargo, Coronell fue despedido por el fundador de la revista, Felipe López.

La contradicción ética es obvia. Una revista que reivindica el derecho a cuestionar el poder despide a su columnista más leído y a uno de los mejores periodistas de las Américas, por cuanto ese periodista cuestionó un comportamiento periodístico de la revista... que el propio director del medio admite que fue erróneo.

El despido de Coronell pudo haber sido legal, aunque no estoy tan seguro de eso, como lo analicé en una columna hace algunos años cuando, en una situación semejante, estudié el despido de Claudia López de El Tiempo. Pero, aunque fuera legal, ese despido mina la credibilidad de Semana, lo cual es desafortunado, pues la revista en general ha cumplido una importante labor periodística.

Ese daño podría ser reparado si su propietario tuviera la humildad de reconocer su error y llamara nuevamente a Coronell a sus páginas de opinión. ¿Tendrá acaso esa humildad y gallardía Felipe López?

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

 

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