Por: Daniel García-Peña

Descertificar a USA

“Las Farc no han cumplido en tema de drogas”, dictamina de manera tajante Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, en entrevista a El Tiempo el pasado domingo.

A la usanza de cualquier virrey, y olvidando que no le corresponde a un embajador hacer esta clase de determinaciones, sus palabras indican que no ha leído bien el Acuerdo Final.

Dicho acuerdo dice: “El compromiso de las Farc-Ep de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. En ninguna parte se comprometen las Farc a “dar información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones” como lo pide Whitaker.

Pero más allá de la mala interpretación (¿mala leche?), lo cierto es que sus declaraciones reflejan el hecho de que la mirada de USA frente al narcotráfico no solo no ha cambiado, sino que ha retrocedido bajo la era Trump. La obsesión por los cultivos ilícitos no es cosa nueva —lleva por lo menos 20 años— pero nunca como ahora pareciera que toda la política antidrogas se mide casi exclusivamente por el número de hectáreas cultivadas. Y punto.

Insinuar que el aumento excepcional de hectáreas cultivadas es consecuencia del proceso de paz con las Farc es inexacto. El mismo informe de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, que alertó sobre el incremento, señala que éste se debe a múltiples motivos, entre los cuales menciona la falta de sostenibilidad de los programas de sustitución, la devaluación del peso frente al dólar y la ausencia de presencia estatal en las zonas anteriormente bajo el control o presencia de las Farc.

Pero lo más increíble es que el embajador señala a las Farc por supuestos incumplimientos, mientras guarda silencio frente al nivel alarmante de incumplimiento por parte del Estado.

Henry Acosta, quien hizo los primeros contactos entre el Gobierno y las Farc, en un mensaje angustioso, denuncia la “no implementación total del Acuerdo Final”: no hay reincorporación colectiva; la Corte Constitucional sigue estudiando si las Farc pueden hacer política; la reforma política se redujo a su mínima expresión; las circunscripciones transitorias especiales de paz están en entredicho; la JEP quedará integrada por personas cercanas a las FF. MM.; la unidad de investigación de la Fiscalía nada que arranca; aún no liberan a todos los presos amnistiados y, lo más dramático, siguen matando líderes sociales en los territorios.

Pero volviendo el tema de las drogas, lo cierto es que el discurso de Trump, desde el lanzamiento de su campaña, se basa en la noción de que el crimen y la inseguridad que padece su país son culpa de las drogas que llevan los inmigrantes ilegales. Es el retorno al prohibicionismo más represivo, más primario, mezclado con racismo.

Para Colombia, USA es clave, pero no fundamental. Los recursos que aporta, por importantes que sean, nunca son más que un pequeño porcentaje: los 391 millones de dólares de “ayuda” que Colombia recibe de Estados Unidos representan el 0,0015 % del PIB. La mayoría de los recursos del Plan Colombia, y de la guerra en general, fueron de Colombia, es decir, nosotros los contribuyentes.

Quien no ha cumplido en el tema de las drogas son los propios Estados Unidos, principal consumidor del mundo. No hay mercado si no hay demanda y el estadounidense ha demostrado ser insaciable, creciente y cada vez más diversificado. El consumo de cocaína se ha mantenido estable, mientras que se ha incrementado el uso de opioides, la verdadera epidemia que hoy golpea a muchos lugares de los Estados Unidos.

Es hora que Colombia descertifique a USA por su total fracaso en reducir el consumo.

[email protected]

Buscar columnista

Últimas Columnas de Daniel García-Peña