Por: Luis Carlos Vélez

Desenfocados

La discusión sobre el glifosato en Colombia es traer a valor presente una diferencia política que nos está consumiendo: Uribe vs. Santos, Santos vs Uribe. La pelea, tan larga como cansona y hasta inútil, está llevando a que temas como este, que son tan importantes para el presente de nuestro país, se minimicen a los insultos y los dardos carentes de sustento académico. Por eso hoy vamos a los datos.

En Colombia pocos han estudiado el tema de la drogas y su combate desde la perspectiva económica como Daniel Mejía, actual director de políticas y estrategias en la Fiscalía y exsecretario de seguridad de Bogotá. Mejía, doctor en Economía de la Universidad de Brown y exdirector del Centro de Investigaciones en Droga y Seguridad de la Universidad de los Andes, es autor de dos de los documentos académicos más claros sobre el uso del glifosato, su conveniencia, efectos y costos.

El primero, publicado por el Banco Mundial bajo el nombre de “Los efectos de la aplicación de la ley en los mercados ilegales: evidencia de un cuasi experimento en Colombia”, deja claro que la aspersión con glifosato no es eficiente. Tras analizar el caso de la suspensión de aspersión con ese químico en la frontera con Ecuador en el 2006, el académico y su equipo concluyen, basados en datos y no en verbo, que llega el momento en que fumigar más no significa más destrucción de cultivos de coca. Es decir, se trata de una solución de efectos reducidos y además limitados.

El segundo, publicado por el Journal de Economía de la Salud, en coautoría con Adriana Camacho bajo el nombre: “Las consecuencias de la aspersión aérea de cultivos ilícitos: el caso de Colombia”, concluye que el número de consultas médicas relacionadas con afecciones dermatológicas y respiratorias, al igual que los abortos, aumentan en las zonas en donde se realizan campañas de aspersión con ese herbicida.

Así las cosas, así de claro: la evidencia científica sostiene que el glifosato en Colombia usado en el combate de los cultivos ilícitos tiene efectos limitados y afecta la salud de aquellos que se exponen a él. El resto es paja.

¿Entonces qué hacer? Lo primero es no seguir enfocados en este tema como si fuera la panacea para enfrentar el aumento en los cultivos de droga en el país. Para eso la evidencia científica y la lectura de los datos sin sesgo político señalan que la interdicción —es decir la destrucción de cristalizaderos, incautación de grandes envíos y control de precursores químicos— es el camino más efectivo a seguir. Un combate serio en ese sentido sumado a la eliminación de incentivos perversos para que los campesinos cultiven coca y luego reciban ayudas del Estado, llevarán a que la reducción de hectáreas de droga sea una realidad.

La interdicción como pilar de la estrategia contra las drogas ha tenido resultados extraordinarios. Según números presentados la semana pasada por Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, cuando en Colombia se hizo énfasis en este tipo de operaciones en el 2007-2008 , la producción neta de cocaína cayó en cerca de un 50 % mientras su precio en los mercados de EE. UU. subió en la misma proporción. Conclusión: de lejos, la interdicción es mucho mas costo-efectiva que la erradicación.

Daniel Mejía ha guardado prudente silencio en este episodio, dejando que su trabajo hable por sí solo. A pesar de ser autor de varios trabajos sobre el tema, la Corte Constitucional no lo convocó a la audiencia de la semana pasada. Sin embargo, lo mejor hubiera sido que el doctor Martínez sí lo hubiera consultado. A veces la solución está en casa, el problema es que en muchas oportunidades simplemente no la queremos ver.

 

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