Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
U. Popular del Cesar, U. del Pacífico y UFPS de Norte de Santander muestran problema estructural que remite a la ley.
El ruido actual de estas tres instituciones es recurrente en el subsector porque no tenemos una buena regulación de la autonomía universitaria y porque los gobiernos no ejercen bien sus atribuciones y obligaciones.
La consigna de fondo siempre ha sido “más plata y más autonomía” para las IES. Y se esgrime la autonomía para no acordar con el gobierno indicadores de resultados por los recursos transferidos.
La Constitución, sin embargo, dice (art. 69): “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.
Las palabras claves son “de acuerdo con la ley”, y la Ley 30 de 1992, que “organiza el servicio público de la Educación Superior”, se quedó corta y reclama una reforma o actualización tras casi 30 años.
Bajo la vigente ley, el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, con sede en Cúcuta, se reeligió cinco veces, dejando una estela de noticias negativas. La del Chocó padeció fenómeno similar, y otras han sido capturadas por la clase política.
Bajo la vigente ley, hay universidades donde vota el personal administrativo y las consultas para rector derivan en campañas con promesas electorales a cargo del presupuesto de la nación, y los intereses creados llevan a inversiones visibles para llegar al Consejo Superior (CSU).
Así que no “más plata y más autonomía”, sino “primero mejorar el gobierno y el control, y luego más plata”.
Primero hay que controlar las convenciones colectivas abusivas con los contribuyentes, las dádivas o rentas para volver cómplices a los representantes estudiantiles, el nepotismo en el personal administrativo de rango medio con nóminas paralelas, la vinculación clientelista o politizada de docentes ocasionales, los profesores en comisión sin medida ni control, la laxitud normativa para la permanencia estudiantil en las carreras, los negocios indebidos en la contratación. El “control interno” hay que hacerlo con empresas especializadas.
Sería tan fácil decir “vamos a arreglar el diseño del gobierno universitario en la ley marco”. El problema son los gobiernos: que suelen no tener claridad de propósito ni gobernabilidad, y en cambio sí rabo de paja, poca autoridad moral porque nombran a los delegados del presidente en los CSU con criterio politiquero.
No hay recuerdo de un gobierno que se haya alejado de esta mala práctica. Lamentablemente, he sabido de tres casos en este gobierno. ¿A qué va una ficha política a un CSU? A entrar al baile de los intereses particulares que perjudican a las instituciones.
Sería tan fácil profesionalizar la representación del presidente en los CSU y fortalecer la del MEN. Tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los CSU con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación completa del MEN, en ejecución de una política de dirección de la educación superior. Que lleguen a ejercer la responsabilidad del gobierno.
Víctor Manuel Gómez, tal vez la mayor autoridad académica en este tema, argumenta que hay sobrerrepresentación gubernamental en los CSU (que tienen nueve integrantes). Mi aproximación es remplazar al representante de los exrectores y condicionar el de los egresados y el del presidente (en el cambio de la Ley 30/92).
Tocar tres sillas de nueve en la composición del CSU serviría para prestar la debida atención a este aspecto de la reforma estructural que necesita la educación superior.
