Días sin sensatez

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Además del significativo riesgo de una explosión de contagios de COVID-19 originado en las aglomeraciones y la inobservancia de los protocolos de salud en el pasado día sin IVA –una falla que podría corregirse con el uso masivo de compras digitales y la imposición de reglas estrictas sobre distancia social–, el mayor problema de este tipo de eventos es su irresponsabilidad fiscal.

Es escandaloso el hecho de que se regalen frívolamente cuantiosos recursos del IVA en un país que sufre de un dramático problema fiscal –un déficit del orden del 8% del PIB y una deuda pública del 65% del PIB–, el mismo que, según el ministro de Hacienda y numerosos economistas de todas las tendencias, exige que en 2021 se apruebe una reforma tributaria para asegurar la viabilidad financiera del Estado.

Los montos que dejaría de recaudar la Tesorería por concepto de los tres días sin IVA en este año pueden ascender a más de $3 billones, una suma parecida a la que se espera alcanzar por concepto del impuesto al patrimonio, y semejante a la que han producido algunas de las últimas reformas tributarias.

Aunque se aduce que esta medida tiene algún impacto positivo sobre el empleo, no se han presentado cifras que prueben este hecho y, por el contrario, existen buenas razones para pensar que esto no es así.

Es evidente, además, que el significativo sacrificio fiscal del Gobierno es regresivo: beneficia a selectos grupos de consumidores que, en medio de una explosión de desempleo y de incremento de la pobreza, tienen los recursos suficientes para hacer compras de electrodomésticos y otros objetos de valor relativamente elevado.

En realidad, la dimensión de este problema supera el ámbito de los asuntos puramente fiscales y económicos. El hecho de que se hubiera propuesto y aprobado que no se cobrara el IVA en tres días revela una preocupante falta de conciencia de la dirigencia política sobre los problemas del país. En Colombia, donde el monto de los recaudos tributarios es comparativamente bajo, del orden de apenas el 14 % del PIB, y los servicios estatales son precarios, es casi inconcebible que las mayorías del Congreso, con una medida de corte populista, tomen una decisión que debilita el Estado para obsequiar los escasos recursos fiscales a grupos de ingresos relativamente altos.

La idea de decretar algunos días sin IVA se originó en el Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales, una iniciativa que, por fortuna, no se incorporó a la primera reforma tributaria del Gobierno, la llamada Ley de Financiamiento. Pero, después de que la Corte Constitucional tumbó dicha ley, la mala idea resucitó como una especie de mermelada para asegurar las mayorías necesarias para aprobar la que se llamó Ley de Crecimiento.

Lo peor es que, ya en medio de la gran crisis que vive el país a raíz de la pandemia, y a pesar de que se conoce la explosión del déficit fiscal, algunos de los promotores de los días sin IVA han sugerido que esta medida debería extenderse a 15 días por año, una receta segura para precipitar el colapso definitivo de las finanzas públicas.

El país solo podrá recuperarse de los daños de la pandemia si adelanta profundas reformas en materia fiscal, laboral y social, que eliminen distorsiones, beneficios injustificados, exenciones y obsequios como los de los días sin sensatez tributaria.

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