Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Más de un lector de la prensa nacional debe estar inquieto por el diluvio de gastos no cuantificados, inoportunos y hasta injustificados que le esperan al país durante los próximos años.
Primer capítulo. Comienzo por estimar los costos de la Ley de Víctimas y Tierras. La impresión del público sobre este tema es bien clara: no existen, ni se realizaron estudios y presupuestos serios al respecto. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos tasó en los Estados Unidos la aplicación de dicha ley en 22.000 millones de dólares, esto es, en cerca de 45 billones de pesos. Olvidó él, posiblemente, sumar los costos de las “víctimas oportunistas” que resultarán de las ardides judiciales. El senador Roy Barreras afirma que a tal presupuesto hay que adicionarle unos $10 billones de pesos para pagar las reparaciones por la vía legal de quienes no queden satisfechos con las reparaciones por la vía administrativas. Para orden público en las zonas con conflictos de tierras se suman otros 5 billones de pesos. Pero no aceptemos estas sensatas adiciones y repartamos los 45 billones sobre 15 años, esto es, tan solo unos 3 billones de pesos por año para nuestro ejercicio presupuestal.
Segundo capítulo. El costo de reparar los daños de la catástrofe invernal es todavía más incierto y difícil de estimar que el anterior, porque aún no ha terminado ella y porque la mayoría de estos gastos deben ejecutarse en 2011. El Gobierno ha presupuestado en unos 4 billones lo requerido para reparar vías y diques en 2011. Al escribir estas líneas se reconoce el cierre total de 40 vías y tránsito restringido en 200 de ellas. Totalmente inundados figuran 22 municipios, con más de 2 millones de damnificados, no menos de 400.000 familias. Si se fueran a relocalizar y construir solamente 100.000 viviendas en 2011, a razón de $30 millones por unidad, se necesitarían otros 3 billones. Pero a las 400.000 familias afectadas les esperan meses sin agua, sin alimentos, sin empleo… a la intemperie. A razón de modestos 5 millones de pesos en subsidios por familia se requerirían en 2011 otros 2 billones de pesos para tal fin. El costo aproximado del invierno en 2011 no creo que se aleje mucho de los 9 billones de pesos.
Tercer capítulo. La reforma de la Seguridad Social también fue aprobada al finalizar diciembre. Tengo la impresión de que se aprobaron en ella aspectos de interés para la salud de los colombianos. Pero como el propósito de esta nota no es calificar las leyes recientemente aprobadas, sino estimar el diluvio de gastos no presupuestados y no financiados que nos desataron ellas, comienzo por afirmar que tanto el ministro de la Protección Social, señor Mauricio Santa María, como la senadora Dilian Francisca Toro, afirmaron que la Ley aprobada no estaba financiada. El ministro aludido dijo que “para buscar su financiación ya tendremos el 2011”. Recordemos dicha ley crea en cada EPS unos Comité Médicos para aprobar o rechazar los tratamientos No POS recomendados por los médicos. Los Comité cuentan con autonomía para decidir y algunas EPS se lucran de tales procedimientos. Los tratamientos No POS en 2010 ascenderán a algo más de 3 billones de pesos, por lo cual asumo que en tal nivel continuarán como mínimo durante los próximos años.
Capítulo final. Al sumar los tres capítulos anteriores, tan solo para el año 2011, resulta que las nuevas necesidades creadas por la Madre Naturaleza o por el populismo de ciertos políticos se avecinarán a los 15 billones. Para recaudarlos se aprobarían insoportables reformas tributarias. O se utilizaría parte de los 18 billones por la venta de las acciones de Ecopetrol. La Ley de Regalías también puede ayudar. No se descarta endeudarnos en el exterior y en el país con prudencia para no apreciar nuestro peso y elevar el desempleo. Financiar esta suma será harto difícil, mas no tarea imposible para una Coalición de Gobierno mayoritaria, si evita perjudicar a muchos por agradar a unos pocos.
