Por: María Elvira Samper

Drogas y armas, mercado circular

EN UNA DE LAS ENTREVISTAS QUE ha dado el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, para intentar explicar las razones del recrudecimiento de la violencia en algunas comunas de la ciudad (la tasa de homicidios se ha duplicado entre 2009 y 2010), no me llamó la atención que dijera que la gran ausente es la justicia penal, que el exceso de garantismo acaba beneficiando a los delincuentes, que hacen falta fiscales, que si el porte de armas no fuera excarcelable, más de 1.700 bandidos y no sólo 300 estarían en la cárcel…

Me llamó la atención que afirmara que, a diferencia de los años 80 y 90, las armas que usan las bandas de Valenciano y Sebastián, que hoy se disputan a plomo el control de los negocios ilegales del extraditado narcoparamilitar Don Berna y a cuya rivalidad las autoridades locales atribuyen el 75% de los homicidios, no son de fabricación casera, sino armas de altísimo poder —pistolas 9 mm, fusiles y subametralladoras— obtenidas en el mercado negro que se mueve desde Centroamérica vía Urabá y el golfo de Morrosquillo. “Las bandas se enfrentan con armamento de largo alcance”, dice Salazar.

Esta referencia me llevó a releer una investigación de la Fundación Ideas para la Paz, Rastreo de Armas (2009), cuyas conclusiones dan luces sobre el asunto. El estudio establece que si bien las Auc entregaron numerosas armas durante el proceso de desmovilización, no fueron todas las que tenían, ni todas eran viejas, y que de las 18.051 que entregaron, el 23 por ciento era made in USA. Una respuesta para el origen de las armas que usan las bandas que surgieron tras la desmovilización y que hoy siembran violencia y muerte en Medellín y en otras ciudades y regiones del país por cuenta del narcotráfico y otros rentables negocios ilegales.

Bien se sabe que el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas son dos caras de la misma moneda y que constituyen un mercado circular. Las rutas son las mismas, pero en sentido inverso: de sur a norte, drogas; de norte a sur, armas. Y Centroamérica se ha convertido en la ruta de las redes de distribución de unas y otras.

Más de 80 millones de armas ilegales circulan en América Latina, la mayoría fabricadas en Estados Unidos, según el Centro para la Información de Defensa de Washington. El caso de México, que la semana pasada mereció artículo de The Washington Post y columna de Andrés Oppenheimer, lo demuestra en forma contundente: más del 80% de las armas cortas y rifles de asalto confiscados en los últimos tres años a los carteles de la droga son de fabricación gringa.

Mientras tanto, Estados Unidos, el principal consumidor de sustancias ilícitas en el mundo y a la vez el principal abanderado de la prohibición, gasta miles de millones de dólares en ayuda a países latinoamericanos para combatir el narcotráfico —en especial a Colombia y México—, pero poco hace para impedir que su industria bélica venda por la puerta de atrás armas que terminan en manos de organizaciones criminales.

La doble moral de siempre y una pregunta que resulta retórica: ¿quiénes, además de los narcotraficantes, se benefician del tráfico de armas? Los fabricantes. Dos lucrativos negocios y una tesis ya derrotada: que sólo a punta de bala se gana la guerra contra las drogas. Los del patio de atrás ponemos los muertos.

 

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