Duque aprendió rápido la lección de Uribe: si no le gusta el resultado de un proceso, con una leguleyada lleve el caso a una instancia más favorable. Uribe dimitió del Senado para que su proceso quedara en la Fiscalía, que dirige Barbosa, amigo cercano de Duque, que es a su vez amigo cercano de Uribe. Ahora Duque hace algo semejante: como lo mostró Esteban Hoyos, profesor de Eafit, en Razón Pública, con el Decreto 333 de este año busca que las tutelas contra el Gobierno en temas sensibles queden en el Consejo de Estado, que cree (conjeturo que equivocadamente) le será más amigable.
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Duque aprendió rápido la lección de Uribe: si no le gusta el resultado de un proceso, con una leguleyada lleve el caso a una instancia más favorable. Uribe dimitió del Senado para que su proceso quedara en la Fiscalía, que dirige Barbosa, amigo cercano de Duque, que es a su vez amigo cercano de Uribe. Ahora Duque hace algo semejante: como lo mostró Esteban Hoyos, profesor de Eafit, en Razón Pública, con el Decreto 333 de este año busca que las tutelas contra el Gobierno en temas sensibles queden en el Consejo de Estado, que cree (conjeturo que equivocadamente) le será más amigable.
El contexto es el siguiente: Duque ha perdido tutelas significativas ante jueces, tribunales y la Corte Suprema. Algunos ejemplos: la tutela sobre atropellos en el manejo de la protesta social fallada en su contra por la Corte Suprema. La tutela sobre garantías a los líderes sociales decidida en su contra por el Tribunal de Bogotá. Varias tutelas de jueces han frenado el inicio de la fumigación con glifosato. En cambio, Duque ganó en el Consejo de Estado una tutela que había perdido ante el Tribunal de Cundinamarca sobre presencia de militares estadounidenses sin autorización del Senado.
El Gobierno debió concluir que es mejor que las tutelas sean decididas por el Consejo de Estado. Y ahí viene la leguleyada, cuya explicación implica ciertos tecnicismos.
El Decreto con fuerza de ley 2591 de 1991, que regula la tutela, no establece claramente las competencias para conocer de las tutelas, lo cual llevó a varias disfunciones, como que en 2000 las altas cortes (Corte Suprema y Consejo de Estado) estaban colapsadas por un alud de tutelas, pues la gente prefería ir directamente ante ellas. Entonces el gobierno Pastrana expidió el Decreto 1382 de 2000, que puso algún orden, pues reguló ante qué jueces se debían presentar los distintos casos. En particular desconcentró la decisión de tutelas señalando que las personas no podían ir directamente a las altas cortes.
El contenido del decreto era bueno, pero incurría en un pecado mortal porque violaba la separación de poderes. Un simple decreto regulaba las competencias judiciales en tutela, que es un tema propio de la ley, precisamente para que ningún gobierno pueda escoger a su juez. El decreto dijo que no regulaba las competencias de los jueces sino el simple reparto de las tutelas, pero es una distinción que no se tiene. Sin embargo, en una decisión equivocada y muy dividida de 2002, el Consejo de Estado validó el decreto.
El tema ha pasado de agache porque el decreto solucionaba el lío de la congestión de tutelas en las altas cortes. Además, las reformas ulteriores, como la de Santos (Decreto 1983/17), también han ido en esa dirección. Pero es grave que materialmente las competencias de los jueces de tutela puedan ser alteradas por simple decreto (aunque se diga que se regula el reparto), pues puede suceder lo que precisamente acaba de ocurrir: que un presidente autoritario, como Duque, aproveche esa equivocada jurisprudencia y groseramente busque escoger los jueces que resuelvan las tutelas en su contra. Ese propósito es difícilmente ocultable, no solo por el contexto político sino por la obvia contradicción del decreto, que en sus considerandos invoca el argumento de la desconcentración para luego concentrar en el Consejo de Estado las tutelas contra el Gobierno. A ver: ¿cómo desconcentra uno las tutelas concentrándolas en el Consejo de Estado?
Que un tinterillo haga leguleyadas para que su caso quede en un juzgado amigable es hasta comprensible, pero que un expresidente recurra a esa artimaña es inaceptable. Peor aún que lo haga el presidente en ejercicio, pues es una ruptura del Estado de derecho que no creo que ningún juez vaya a validar.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.