Economía con tapabocas

En el 2020 nos impactó la pandemia, como a todas las naciones del mundo, pero creo que nuestro Gobierno debería reflexionar sobre datos y hechos, para definir políticas económicas que nos saquen de esta situación crítica.

Crecimiento del PIB de menos 6,8 %, el endeudamiento externo llega al máximo histórico y representa casi el 50 % del PIB; mientras tanto la pobreza se incrementó en un 6,2 %. La población desempleada aumentó en 2,4 millones, alcanzamos la tasa de 17,3 % a febrero de 2021, razón para debilitarse la demanda de bienes y servicios, y por ende, el recaudo del 4x1.000. Y la menor tasa de inflación, pasando del 3,8 % en el 2019 a 1,61 % en el 2020. El valor del dólar pasó de $3.273 en enero de 2020 a cerca de $3.700 a la fecha, siendo castigados por la devaluación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un reporte económico en el que prevé un escenario más negativo para América Latina. La pandemia generó en Colombia un retroceso de 4 a 5 años en términos de riqueza.

Es bueno recordar algunos de los ofrecimientos de Duque en la época pre-electoral: subir los salarios, austeridad en el gasto, bajar los impuestos, y no desmejorar las condiciones del sistema pensional. Muchos, con la ilusión de cuidar su situación económica, votaron por Duque y hoy él está en el solio de Bolívar.

La realidad fue otra. El aumento de los salarios: se cumplió para los sueldos de los 280 congresistas y de altos funcionarios de Gobierno. El último aumento aprobado para los congresistas fue de 5,16 %, aplicado en forma retroactiva, pasando su sueldo integral de $32 millones a $34,4 millones, de los cuales $11 millones corresponden a gastos de representación. Sabemos que algunos congresistas han solicitado eliminar estos gastos pues son conscientes que con ellos están defraudando a la nación, siendo que ahora los viajes a las regiones y las reuniones están limitados por la pandemia.

Austeridad en los gastos del Gobierno: no se refleja en las decisiones del Gobierno durante la pandemia. Por ejemplo, los gastos en publicidad oficial ascendieron a más de $20 mil millones en el año 2020, según la revista Forbes y pronto aumentarán con el nuevo Noticiero del Gobierno.

En Colombia el recaudo de impuestos frente al PIB representó en el 2018 el 19,4 % mientras en otros países de América Latina representó hasta el 23,1 %/PIB, según la OCDE y, para mayor frustración, las cifras demuestran que en Colombia los ricos pagan menos impuestos en relación con su patrimonio, que los pobres, según el investigador de Eafit Jairo Orlando Villabona Robayo. Ahora, en la pandemia, las grandes empresas, además de tener exenciones tributarias, contaron con el apoyo del Gobierno para pagar el 40 % de su nómina.

Todo lleva a la necesidad de una reforma tributaria. En la propuesta del Gobierno, son muchos los aspectos a revisar para hacerla equitativa, sin afectar a los más débiles como a los pensionados, con efectividad en el recaudo y mayor inversión social orientada a la reactivación económica.

Se propone castigar a las pensiones a partir de $6 millones, después de deducir el 12 % de salud, y, por seis meses, aplicar el Impuesto Solidario que la Corte Constitucional objetó en el año 2020. Hay que tener en cuenta que cualquier gravamen que afecte a las pensiones es inconstitucional, pues es restarle al ingreso de los pensionados y desmejorar un beneficio adquirido con el trabajo de veinte años, como lo menciona en su columna Juan Lozano, quien identifica al nuestro como un Estado tramposo.

Por la recesión observada durante el confinamiento en el 2020, la tasa de inflación sólo llegó al 1,61 %, incremento aplicado a las pensiones en este 2021. En la canasta familiar de los pensionados no se tiene en cuenta, entre otros, el mayor peso de los medicamentos, los cuales han aumentado en cerca del 10 % en el último año. A febrero la tasa de inflación presentaba un incremento de 1,56 % y las proyecciones para el año 2021 es de 2,5 %, según el Banco de la República, y de 3 %, según el Gobierno, indicadores que llevan a identificar un retroceso en el poder adquisitivo de los pensionados.

En años anteriores el aumento en el valor de las pensiones era el mismo que se aplicaba a los salarios, pero en este año, en que el aumento salarial fue de 3,5 %, no fue así para los pensionados. En conclusión, el aumento de las pensiones en términos reales fue negativo y además están en la mira para ser gravadas con nuevos impuestos.

Tenemos el derecho a votar, pero difícilmente la voz para reclamar al Gobierno las medidas injustas que afectan el disfrute de los derechos para tener calidad de vida como adultos mayores.

Yo creo que el Gobierno debe considerar en la reforma tributaria, no solamente el subsidio ofrecido de $350.000 como renta mínima a los hogares, y los $35.000 por cada hijo, para los estratos 1 y 2, sino la inversión social necesaria para ejecutar políticas económicas que a mediano plazo puedan recuperar la fuerza laboral del 2019 y más. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio podrían atraer mayor inversión extranjera, especialmente la que facilite el acceso a nuevas tecnologías para el desarrollo industrial (no minería extractiva), como lo hizo China con la actividad de las maquilas; además, estimular las actividades derivadas de la cooperación de los países más desarrollados y, entre otras metas, facilitar el uso de patentes internacionales que puedan explotarse en Colombia. Los nuevos proyectos que ofrezcan posibilidad de utilidad económica y/o beneficio social, podrían ser financiados total o parcialmente por el mismo Gobierno.

Esta política puede obtener recursos derivados de la austeridad en los gastos del Gobierno, y aprovechar las facultades extraordinarias para anular los gastos de representación a los congresistas en condiciones de confinamiento y, también, el recaudo del 4x1.000 que inició con el 2 % para auxiliar al sector financiero pero que ya cumple 20 años. Ha disminuido en el 2020 pero puede volver a los niveles de 2014 con recaudo por $6,4 billones.

Señor presidente, que la economía naranja no nos exprima, sino que nos dé las oportunidades necesarias para construir una nueva Colombia, con justicia social, donde los subsidios sean transitorios porque a mediano plazo se pueden abrir nuevos caminos para el empleo en una economía estable.

Beatriz Carrillo de Ruiz. Abuela de 85 años.

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