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Destruir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justo cuando va a empezar a tomar decisiones, es un acto de traición al Acuerdo y una manera de arruinar las promesas que se hagan en los procesos de la paz total. Ahora que el exsecretariado de las FARC y el mismo Salvatore Mancuso pusieron sobre la mesa la propuesta de una ley de punto final y que en el Congreso cursa un proyecto que busca abrir el boquete de Justicia y Paz para incluir a narcotraficantes y terceros involucrados en el conflicto, se sienten vientos de impunidad en Colombia. El Gobierno Nacional, hasta ahora y manteniendo la opacidad de su actuar en las negociaciones, se muestra ambivalente. No podemos dejar a las víctimas abandonadas.
Primero fue el suspendido canciller Álvaro Leyva quien, aparentemente de la nada y sin propósito claro, buscó deslegitimar el trabajo de la JEP ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora sabemos que estaba abriendo el camino a lo que vendría. Luego el exsecretariado de las FARC le notificó al país, palabras más, palabras menos, que se siente traicionado y que es hora de superar los tribunales de paz. Salvatore Mancuso, a través de su apoderado, dijo que veía con buenos ojos una ley de punto final. Curiosamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que se oponía a una ley de punto final, pero que estaba abierto a una amnistía política. “Confieso”, señaló el líder del Centro Democrático, “que tengo interés en mis compañeros de Gobierno condenados por nombrar a un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”. Volviendo al Gobierno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que “tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas”.
Sería inspirador ver este ambiente de acuerdo nacional si no implicase echar por la borda el trabajo de la JEP o abrir la puerta para que los actuales procesos de paz terminen en acuerdos más laxos que el de La Habana, que permitan eludir los compromisos con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición; en síntesis, burlarse de las víctimas.
Aquí cobra relevancia un proyecto presentado el año pasado al Congreso que se llama “Reforma a la ley de Justicia y Paz, segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos”. Su líder es el senador del Partido de la U Antonio José Correa Jiménez, quien estuvo trabajando de la mano del hermano del presidente Juan Fernando Petro. Correa, que tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, propone que Justicia y Paz se repotencie y sea el punto de llegada de los procesos de la paz total. En ausencia de una ley de sometimiento, y con apoyo de casi todos los partidos menos el Centro Democrático, esta es la única propuesta sobre la mesa para darles viabilidad jurídica a dichas negociaciones.
Si bien es entendible que para pensar en la paz para Colombia se deba incluir a todos los actores violentos, el problema es que las conversaciones se dan en el marco de abandonar la principal promesa de justicia que hizo el Acuerdo de La Habana. Dinamitar la JEP es privilegiar la impunidad, desconocer los esfuerzos de todos estos años de las víctimas y enviar el mensaje de que todo vale para que la paz sea total. ¿Cómo confiar en lo que se firme eventualmente si sabemos que en unos años todo se puede volver a cambiar porque a alguno de los actores no le gusta la aplicación de justicia? Es irresponsable, peligroso y una manera de restarle legitimidad a la necesaria apuesta por la paz.
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