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La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, anunció la semana anterior en Marruecos una serie de acuerdos con dicho país. Exención de visa para colombianos, visita de empresarios marroquíes y la extensión de la jurisdicción del consulado en Rabat, “incluyendo, obviamente, el Sahara Occidental”. La decisión sigue los dictados finales de la administración Trump de reconocerle a Marruecos la soberanía sobre dicho territorio en disputa, desconociendo la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para que Rabat reconociera a Israel.
La decisión generó rechazo entre los conocedores de la política exterior de Colombia, pues supone un cambio de posición de la misma al referirse a un territorio en disputa que ni la ONU ni la Unión Europea reconocen a Marruecos, y que es inconveniente en momentos en que se esperan las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por las dos demandas que tiene Nicaragua contra nuestro país. Incluir dentro de la jurisdicción del futuro consulado a un territorio que, bajo el derecho internacional, Marruecos se apropió de hecho, implica la anuencia del Estado Receptor. Si se pidió la anuencia marroquí implica que se le considera el Estado receptor, y al extender la jurisdicción del consulado se acepta la ilegal posesión de dicho territorio.
En una nota aparecida en la columna de Alberto Donadio en este diario, el exembajador de Carrera José Joaquín Gori considera el anuncio como un faux pas que en lenguaje diplomático significa “paso en falso” o “metedura de pata”. La relación de Colombia con la RASD viene desde Belisario Betancur, que defendió la descolonización y la lucha del pueblo saharaui frente a Marruecos. Posición defendida por España, que abandonó dicho territorio en 1976 y reconoció al Frente Polisario (FP). Desde entonces las tensiones entre Rabat y Madrid no han cesado, con un reciente desencuentro cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó a Marruecos por abrir sus fronteras a los migrantes africanos hacia España, como retaliación por la postura española frente al Sahara Occidental, así como que el líder del FP, Brahim Gali, estuviera hospitalizado en el país Ibérico.
Como lo afirma el embajador Gori, a petición de la Asamblea General de la ONU, la CIJ “emitió en 1975 un dictamen (y) concluyó que Marruecos no posee títulos para reivindicar dominio sobre la región y que el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación sobre el Sahara Occidental. (La CIJ) no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio”. Por su parte, el Tribunal General de la Unión Europea ordenó en fecha reciente la anulación de los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y la UE, tal como había reclamado el FP.
De otro lado, Gori menciona que en las recientes audiencias ante la CIJ, el gobierno presentó al señor Kent Francis James como “la voz de los raizales”. Bajo este argumento jurídico, “Colombia está obligada a defender derechos ancestrales de pesca de los sanandresanos y a medidas para conservar el medioambiente. En otras palabras, las acciones que Nicaragua señala como violatorias del derecho internacional y desacato del fallo de 2012 serían, bajo la perspectiva colombiana, acciones legítimas”.
Sobre esta base, ¿se argumenta ante la CIJ algo que se desconoce frente a los saharauis? ¿Es más importante para la política exterior no necesitar visa para entrar a Marruecos en vez de mantener, además de nuestros principios y posiciones previas, una relación con un socio natural y privilegiado como España? Sería importante conocer la declaración conjunta de los dos cancilleres para que se puedan aclarar estos interrogantes.
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