Abusar de la justicia transicional

Desde estas páginas hemos insistido en la necesaria inclusión del uribismo en el proceso. Pero no a través de una negociación que, más allá de la convicción, apele a un intercambio de favores.

La idea de expandir la justicia transicional para delitos que no tienen relación con el conflicto armado minaría la legitimidad de la jurisdicción especial para la paz.

No deja de ser extraña la solicitud de Diego Palacio, exministro de Protección Social durante el gobierno de Álvaro Uribe, de vincularse a un eventual régimen de justicia transicional. Algunas voces en el uribismo, y otras afines al Gobierno actual, han hecho eco de esa idea como posible medio para que merme la oposición que el Centro Democrático (CD) viene haciéndole al proceso de paz. De tomar carrera esa tesis, se estaría instrumentalizando de manera indebida uno de los pilares del acuerdo en La Habana.

La petición de Palacio no tiene sentido, como lo explicó en Blu Radio el ministro de Justicia, Yesid Reyes: “Este caso no tiene ninguna relación con el conflicto armado [y] no le correspondería acudir a la jurisdicción especial para la paz”.

El exministro de Uribe, no sobra recordar, está pagando 80 meses de prisión, tras sentencia de la Corte Suprema, por ofrecimientos indebidos que facilitaron la aprobación en el Congreso del acto legislativo que permitió la reelección de su exjefe. Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior y de Justicia del mismo gobierno, cumple una pena similar por los mismos hechos. Lo ocurrido sigue, al día de hoy, siendo una mancha gigante sobre la institucionalidad colombiana, y son muchas las preguntas que falta contestar, incluyendo qué tanto sabía el expresidente Uribe de lo que hacían sus subalternos de confianza.

La pregunta obvia es: ¿eso qué tiene que ver con el conflicto armado que, confiamos, está llegando a su fin en La Habana? Según Álvaro Leyva, en tesis respaldada desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), como el gobierno Uribe estableció la seguridad democrática, lo ocurrido con su reelección afectó directamente el conflicto armado colombiano y, por lo tanto, todo sería sujeto de entrar en la justicia transicional. Eso es hilar demasiado delgado como para que sea aceptable. Sería aprovecharse de una coyuntura histórica para saltarse por la faja la justicia ordinaria del país.

El tema se complica aún más cuando se plantea como un instrumento para conseguir el apoyo del uribismo el proceso de paz. Desde el principio, el CD ha repetido, a veces con más terquedad que argumentos, que la justicia transicional es un pacto de impunidad. Su líder, el expresidente Uribe, lo dijo esta semana durante una reunión con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se refirió a “la impunidad abierta y también disfrazada de los acuerdos de La Habana”. Si esa es la concepción, esta idea no sería más que un deseo de participar en la supuesta impunidad.

Eso sin siquiera mencionar los requisitos mínimos en términos de verdad y reparación que exige la justicia transicional. ¿Están dispuestos los exfuncionarios de Uribe a confesar delitos, colaborar con la justicia para esclarecer el complot y reparar al país? Dudamos. Pero ese es otro tema.

Desde estas páginas hemos insistido en la necesaria inclusión del uribismo en el proceso. Pero no a través de una negociación que, más allá de la convicción, apele a un intercambio de favores. Esto sería traicionar el objetivo mismo del proceso de paz. La justicia transicional debe estar circunscrita a los hechos directamente relacionados con el conflicto armado; expandirla más allá sería, ahora sí, sembrar dudas sobre la integridad de su formulación y los propósitos detrás de su utilización.

Además, en el debate público sigue existiendo una tensión irresuelta en lo que respecta al uribismo y la justicia. El mismo expresidente Uribe, en la reunión ante la CIDH, insistió en que la justicia colombiana tiene “sesgos” en contra de sus funcionarios, lo que justifica el exilio de, por ejemplo, Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo, ambos con deudas con los tribunales nacionales. Ese mensaje de persecución política, que le ha hecho mucho daño a la legitimidad de las instituciones del Estado, es difícil de reconciliar con la voluntad de entrar a la justicia transicional.

Colombia necesita que la oposición al proceso se aleje de los discursos violentos radicales y aporte propuestas concretas, pero modificar la jurisdicción especial para la paz con fines personalistas no es la manera. Esperamos que el Gobierno esté firme con la posición del ministro Reyes, y que las fuerzas políticas encuentren otras formas de convencimiento.

Nota del editor: Una vez publicado este editorial, Diego Palacio envió este mensaje para precisar su posición

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