Acceso y uso

 En sus palabras se trata de “un instrumento muy eficaz hacia el futuro para el posconflicto, porque fundamentalmente buscará un mayor desarrollo agropecuario”. Tierras, mejor dicho: el acceso y el uso. Una enmienda más a esos dos términos que en la práctica han sido motores consistentes de la guerra colombiana durante años. Un tema delicado.

La propuesta busca, a grandes rasgos, crear zonas de desarrollo rural, económico y social —tierras con elevados costos de adaptación productiva, baja densidad poblacional, altos índices de pobreza, inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar— y ponerlas a disposición de empresas asociativas entre empresarios del campo y campesinos. Cosa que riñe, según algunos analistas, con la finalidad misma de los terrenos baldíos, consignada en la Ley 160 de 1994: que sean entregados a campesinos sin propiedades.

La propuesta, al menos en ese entendido, es bastante novedosa: los empresarios no tenían acceso a este tipo de tierras. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo ante las críticas que esto no se trata de traspasar el dominio de la tierra, ya que sigue siendo del Estado: pero, por lo menos como está consignado en el proyecto, las empresas, eligiendo según su buen juicio, serán las gestores de esas grandes extensiones de tierra.

La propuesta está y es justo plantear una discusión. Sin embargo, nos parece mucho más propicio abordar el debate desde una perspectiva integral: eso es lo que se necesita, justamente, en el acalorado tema de las tierras. Ojalá el Congreso esté a la altura.

Ya lo hemos dicho en este mismo espacio un par de veces: es injusto que este tipo de reformas se adelanten sin hacer un previo saneamiento de las tierras. Lo que implica un estudio amplio (de historia del conflicto y sus consecuencias inmediatas) sobre las masacres que han implicado desplazamientos forzados y apoderamiento posterior de tierras. Impensable que ahí, como ha pasado en este país, lleguen los privados a explotar y no pase nada. La restitución de los derechos es lo primero y más fundamental. Un posconflicto sin eso es inviable.

Por otra parte, es justo también realizar un plan detallado de cuáles son las tierras que merecen ser explotadas por la agroindustria (cosa que, bien hecha, apoyamos a plenitud) y cuáles por la agricultura tradicional. Poco probable que no pueda hacerse en Colombia un estudio serio y amplio de este aspecto tan fundamental y que nos costaría, de no hacerlo, otro buen pedazo de guerra.

No sólo es lo debido, sino que es esencial para adelantar cualquier política pública: un análisis del estado de las cosas antes de disparar las leyes. Y si bien el proyecto lo enuncia preliminarmente, con la figura de las zonas de desarrollo rural, económico y social, hacen falta elementos de juicio más técnicos para saber dónde y cómo es que se va a adelantar la industria de grandes empresas y cuáles serán los beneficios directos para el campesinado.

La propuesta, que contiene elementos interesantes, aún puede estar en un estado muy prematuro: el Congreso será el indicado para tener estas (y muchas otras) recomendaciones presentes a la hora de aprobarla.

Esperamos, entonces, que el debate tenga la altura suficiente: las circunstancias lo exigen. Lo que se discutirá en ese recinto será, tal y como lo dijo el ministro Cristo, algo fundamental para adelantar una agenda de paz futura. No es un asunto menor y debe ser nutrido con más y mejores propuestas.