Actualizar el catastro es necesario, los alivios también

Tres décadas. Ese es el tiempo que llevan algunos municipios del país sin actualizar el avalúo catastral de sus predios. A pesar de las inversiones en infraestructura y conectividad, y de que el país se ha modernizado y ha cambiado, hay zonas del país donde el impuesto predial que se paga es irracionalmente bajo. El resultado es claro: menos recursos para las entidades territoriales, lo que precariza la labor del Estado y no permite el desarrollo de esos municipios. Por eso, el proyecto de ley anunciado por el gobierno de Gustavo Petro que busca fomentar la actualización del catastro sin permitir incrementos exagerados en el predial es una buena idea, aunque haya sido vapuleada en la opinión pública. No es momento de jugar con los recursos de las entidades territoriales.

Por supuesto que nadie quiere pagar más impuestos de un día para otro. Es lo que ha venido pasando en las ciudades principales del país, donde los avalúos catastrales han generado saltos impresionantes en los impuestos prediales de un año a otro. Por eso, ahora que el país se embarca en la actualización del catastro en unos 660 municipios, hay que proteger a las personas contra la arbitrariedad de esos aumentos. ¿Por qué, entonces, la resistencia a la propuesta del Gobierno?

Nos parece que la culpa la tiene una combinación de crisis económica y desinformación. Se dijo que el Gobierno iba a proponer un aumento del 300 % en los impuestos prediales, lo que no es cierto. Bien lo explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “El Gobierno Nacional no está autorizado para hacerlo, eso es potestad de los Concejos Municipales. Lo que estamos presentando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos”. Entonces, no, el proyecto en curso no busca que se aumente el predial en un 300 %, sino crear un tope máximo de hasta el 300 % de un año a otro, para que las autoridades territoriales no se aprovechen de los catastros actualizados.

Un ejemplo que compartió la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, sirve para entender mejor lo que ocurre. Un inmueble estaba avaluado en unos $7 millones y, cuando se actualizó su valor catastral, quedó en $256 millones. Eso significa que la persona pasó de pagar en predial de $140.000 a $3’000.000 en un año, un aumento del 2.000 %. Como es probable que haya casos similares con las actualizaciones que se hagan, lo que busca el Gobierno es evitar que eso ocurra. De hecho, como el 90 % de la población del país tiene predios que están por debajo de los 135 salarios mínimos, a ellos solo se les podrá subir un máximo del 50 % en el impuesto predial. No es justo el pánico que se generó en la opinión pública —al que vale reconocer que contribuimos con un titular inicial— con este proyecto de ley.

Es bueno aclarar, de todos modos, que los topes sí subirían con respecto a los que hoy existen, con lo cual sigue siendo válida la preocupación por la capacidad de pago de los contribuyentes. El país está en una difícil situación económica y las personas ya están apretadas por la reforma tributaria aprobada el año pasado, luego deberían considerarse los mayores alivios y gradualidad posibles en el aumento del predial. Lo que no es negociable es que se actualice el catastro. Los municipios necesitan información al día y contribuciones justas para poder operar con eficiencia.

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