Ningún gobierno como este ha capitalizado en términos políticos el enorme daño que con sus minas los grupos subversivos les causan al Ejército y a la población civil. Desde que más de 140 países firmaron el Tratado de Ottawa en 1997 con la firme intención de erradicar el uso de las minas antipersona, el Estado colombiano no sólo no volvió a hacer uso de estos artefactos y se comprometió a desminar lo que con anterioridad sembró sino que, con encomiable decisión que es preciso reconocer, ha librado una batalla internacional para dar fe de los horrores del tipo de guerra que practican los actores armados. Sin ir muy lejos, y como señal de reconocimiento por su compromiso, en noviembre del próximo año se llevará a cabo la segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa en Cartagena. Como le ocurre a Colombia, otros países libran una carrera contra el tiempo para cumplir con lo acordado, durante la Convención, en materia de territorios libres de minas y atención a las víctimas.
A diferencia de los demás, sin embargo, en Colombia día a día se construyen más y más campos minados. Aún resuenan las patéticas instrucciones de guerra dictadas por el líder de las Farc, Alfonso Cano, en comunicado con fecha del 16 de agosto del presente año divulgado hace unas semanas por El Espectador. La orden perentoria es combatir las operaciones militares con campos minados en razón a que “es el único factor que los detiene e intimida”. Si antes de 2000 el Eln sembraba un 20 por ciento más de minas que las Farc, en la actualidad el monopolio de tan aberrante práctica lo tienen las Farc.
Pese a que por obvias razones el brutal procedimiento bien puede ser señalado de bárbaro y de franca violación de las más elementales reglas del DIH, nada de ello hará por lo pronto que las Farc cesen en su uso. En sus fríos cálculos de guerra, una mina quiebrapatas es una más de las estrategias diseñadas, como la utilización de hostigamientos y francotiradores, ahora que están acosadas, les es preciso incrementar su movilidad y se les dificulta concentrar a sus integrantes. Los campos minados permiten la protección de territorios que le siguen vedados al Estado e imposibilitan la erradicación manual de la hoja de coca. Por lo demás, según cálculos de Andrés Dávila, director del Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonales, sembrar una mina puede costar alrededor de un dólar. Retirarla, alrededor de mil. El macabro objetivo, además de infundir pánico entre la población y desmoralizar al Ejército, es también el de desestabilizar al Estado: es más costoso simbólica y económicamente un herido que un muerto.
Ahora cuando el tema recobra visibilidad con la hermosa campaña anual de La W para alegrar la navidad de los soldados, policías e infantes de marina heridos en combate, la mayoría por esta práctica infame, es bueno revisar las cifras, que lo dicen todo. De 1999 a 2007, alrededor de 7.333 personas fueron víctimas de una mina antipersona. El 34 por ciento de las víctimas son civiles; el 10 por ciento de éstos son menores de edad. Ningún otro país de América Latina las utiliza. Por tercer año consecutivo somos el país con el mayor número de víctimas en el mundo. En promedio, dos diarias. En lo que va de 2008 se calculan 430 muertos y más de 100 heridos.
La lucha contra las minas la ganamos hace mucho en el plano internacional. Pero en lo interno, infortunadamente, nos sigue siendo esquiva la victoria. Visibilizar y atender a las víctimas, por lo pronto, es tarea primordial del Gobierno y de la sociedad civil.
Por El Espectador
