Por fin, y tras la insistencia de varios medios de comunicación —nosotros incluidos—, Juan Manuel Santos volvió a tomar las riendas que casi naturalmente le corresponden por ser el proponente de esta reforma constitucional de tan gran envergadura.
Diez recomendaciones salieron, pero quizás la que más debate provoca, por los intereses que hay de por medio, es la supresión del Consejo Superior de la Judicatura en sus salas Administrativa y Disciplinaria. Una recomendación que a nuestro juicio debe tomarse al pie de la letra, por más que algunos sectores influyentes de la judicatura se rasguen las vestiduras.
El Consejo Superior de la Judicatura se convirtió durante los últimos años, con sus excepciones contadas, en el fortín de políticos de profesión y no de jueces en propiedad (con esto nos referimos a la ausencia de expertos en temas penales y disciplinarios o abogados de recorrido académico amplio); esto como consecuencia de un mecanismo de nombramiento que resulta inconveniente: ternas elaboradas por el presidente de la República, de las cuales los congresistas eligen. Si bien otras corporaciones tienen un sistema similar, en algunas (como la Fiscalía) se justifica y en las otras no ha hecho la metástasis que sí hizo en esta alta corporación.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, puede decirse con plena tranquilidad, el Congreso tuvo la mayoría de sus fichas ahí. Podía (y puede, ya que hay estudios que lo confirman) hacerse un mapa con las cuotas que salían del Congreso, tal vez una especie de representación política en pequeño. Y con ello vinieron decisiones controvertidas muchas veces por carecer de algún tipo de rigor jurídico.
Pero este era sólo uno de los problemas. Después de él se vinieron encima los casos del carrusel de pensiones (presunto sí, pero que prende una alarma), la corrupción y lo que ha denunciado el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre una presunta falsedad ideológica de algunos actos administrativos que expidieron unos funcionarios y que representa un golpe más para esta abatida entidad.
No se explica, entonces, que con todos estos problemas, el Congreso piense en, antes que eliminarlo, fortalecer su Sala Disciplinaria y ampliar su competencia. Ya desde varios sectores se ha mencionado que el Consejo Superior de la Judicatura es casi una oda antidemocrática y, con el correr de los años, no ha demostrado lo contrario. Lo propio, entonces, es eliminarlo dentro de esta modificación constitucional.
Vamos a ver qué tanto poder de definición tiene esta oportuna reunión de los actores implicados que, antes del sexto debate en la plenaria del Senado y cuando la reforma agonizaba precisamente por este punto, han llegado a acuerdos oportunos sobre los elementos centrales que debe mantener la reforma. ¿Qué tanto oirá este Congreso nuestro que tiene sus ojos volcados en autoblindarse ante cualquier movida de la justicia? Esperamos que, como lo dijimos hace dos semanas en este mismo espacio, el Congreso dé un debate sensato y a la altura de la instancia y los principios democráticos que representa.
Por El Espectador
