![La contaminación por mercurio es una de las caras más perversas de la minería ilegal e informal, un problema que se nos salió de las manos hace tiempo. / Archivo](https://www.elespectador.com/resizer/v2/HLWU5JIFQBDHTEZTHDMUJTGBS4.jpg?auth=cdcba9dd664bca5fe15f93717c93dfceee79da1a67149c8ee543b5eb72c28dc2&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Un reciente informe de la Fiscalía sólo confirma una tragedia que se veía venir hace años: el mercurio está invadiendo los ríos del país, envenenando el agua, el aire, los cultivos, los peces y las personas. Se estima que son más de 80 los ríos del territorio nacional que están contaminados con mercurio, afectando 21 departamentos y cerca de 400 municipios. Si Colombia no actúa para erradicarlo por completo, los daños a los ecosistemas, las fuentes de agua y la salud de las personas podrían ser irreparables.
El uso del mercurio en la extracción de oro —particularmente en la minería informal e ilegal— se ha popularizado en el país gracias al incremento en el precio del metal precioso en la última década. Esto, sumado a la falta de oportunidades en los pueblos mineros, el uso de procesos de extracción rudimentarios, la ausencia del Estado y la predilección de los grupos criminales por la minería ilegal, ha creado el coctel perfecto para que Colombia se haya convertido el segundo país que más libera mercurio al ambiente en el mundo, cerca de 200 toneladas cada año.
Pero ese es sólo el comienzo del problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio cambia su composición química al contacto con las bacterias del agua y el ambiente y se convierte en metilmercurio, que es la forma más tóxica de este metal.
Entre 2013 y 2015, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 1.126 casos de intoxicación por mercurio en Colombia, en 18 departamentos y 59 municipios del país. Esto sin contar los subregistros, las dificultades de diagnóstico y las amenazas e intimidaciones que han sufrido algunos pobladores que asocian sus problemas de salud al mercurio. Problemas que incluyen ceguera, malformación fetal, parálisis, pérdida de memoria, temblores, daños neurológicos, insomnio, hipertensión, palpitaciones, impotencia, úlceras, náuseas y sangrado intestinal. Los más vulnerables son los niños y las madres gestantes.
Un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) concluyó que los daños de salud asociados a personas afectadas por mercurio le cuestan al país cerca de un billón de pesos. Ante la incredulidad de los mineros, que no quieren poner en riesgo su subsistencia, y la inacción del Estado, los efectos del mercurio sobre la salud de los colombianos son una bomba de tiempo.
La Ley 1658 de 2013 reglamentó el uso del mercurio en Colombia, con la meta de erradicarlo del sector minero en 2018 y de todos los demás procesos industriales y productivos en 2023. Es inconcebible que se haya dado un plazo tan amplio para la erradicación de una sustancia tan nociva, más aún cuando numerosos estudios científicos proponen utilizar sustancias alternativas que son mucho más seguras y eficientes que el mercurio en la extracción de oro.
Además, la implementación de la ley no ha sido más que un canto a la bandera. El Ministerio de Ambiente ha reconocido que entre el 45 % y el 50 % del mercurio que se usa en el país no está registrado. Controlar el contrabando de la sustancia y su uso ilegal es uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las autoridades.
La contaminación por mercurio es una de las caras más perversas de la minería ilegal e informal, un problema que se nos salió de las manos hace tiempo. En un momento en el que el país se encuentra en una encrucijada sobre cómo conciliar la explotación minera y la protección del medio ambiente, las autoridades deberían tener la certeza de que el mercurio es absolutamente incompatible con la biodiversidad y la salud de los colombianos.
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