Ahora sí, a regular

La clave es equilibrar la competencia entre taxistas y particulares, al mismo tiempo que se protege a todos los conductores. / Foto: AFP

Se advirtió durante años, pero la pasividad de la administración de Juan Manuel Santos y luego la de Iván Duque con el tema de Uber y empresas similares terminó estallando. Ahora que la multinacional estadounidense amenaza con irse del país a finales de este mes, el Gobierno anunció que apoyará la regulación a través del Congreso. Mientras tanto, millones de usuarios y decenas de miles de conductores quedan en el limbo por la incapacidad de expedir una normativa sensata.

Se ha dicho en varios debates públicos que Uber y similares son ilegales, pues no han querido cumplir con una ley que ya existe. Eso es parcialmente cierto. Si bien es verdad que en Colombia hay una regulación para el transporte público, así como un decreto que reglamenta el transporte en vehículos de lujo, la gran falla de la administración Santos en este tema fue ceder ante las presiones de taxistas y no atender el cambio de paradigma que representó la entrada de Uber y similares.

Los usuarios se acostumbraron a ver los vehículos particulares privados como un medio de transporte legítimo, cómodo y conveniente. Esa es la realidad ineludible. Bajo la ley actual, todas las empresas que presten ese servicio estarían en la ilegalidad y esa es la situación que no se quiso solucionar durante la administración Santos. Apenas ahora el gobierno Duque decidió interesarse en el tema.

Como explicó Mauricio Toro, parlamentario de la Alianza Verde y coautor de un proyecto de regulación, una posible salida es “crear la categoría de transporte privado mediado por plataforma, que les impone a las mismas obligaciones tributarias, de contratación de seguros y de registro ante el RUNT”.

Esa, nos parece, es la clave: equilibrar la competencia entre taxistas y particulares, al mismo tiempo que se protege a todos los conductores. No es tan difícil que la regulación evolucione.

Uber también tendrá que ceder. Su insistencia en que los conductores no son empleados sino “socios” es una estrategia para evadir las responsabilidades de protección laboral. Como dijo el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, “Uber es una empresa que define qué vehículos usa, quiénes son sus conductores, las tarifas y la comisión; o sea, define todo lo de una empresa de transporte, luego, es una empresa de transporte. Ese es un hecho”. Estamos de acuerdo.

La ministra de Transporte, Ángela Orozco, dijo que “tenemos desde hace seis meses un borrador de decreto para actualizar y permitirle al servicio individual, es decir, los taxis, una modernización en el sector que le permita competir con las nuevas modalidades y actores en el servicio de transporte”. Es un buen primer paso que debería expedirse cuanto antes. Pero la cuestión no termina ahí.

Le llegó a Colombia el momento que se venía anunciando hace años. El Congreso debe regular el transporte privado atendiendo a la realidad de los usuarios y los conductores; al mismo tiempo, los taxistas merecen mejores condiciones de competencia.

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