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Si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional querían demostrarle al país que no había ninguna intención de convertir la llegada de la excongresista Aida Merlano en un espectáculo, hicieron todo lo contrario. De manera irresponsable y francamente extraña, la deportación de Merlano, esperada por años, derivó en una rueda de prensa de la condenada, auspiciada por el propio Inpec, precedida de fotografías posadas a su llegada al país y otro montón de aspavientos que dejan un mal sabor en la boca. Es ineludible hacerse la pregunta: ¿el interés era hacer el mayor ruido posible en un país en tensión por los señalamientos judiciales de las últimas semanas que salpican al Gobierno Nacional?
Es incomprensible lo que sucedió. ¿Por qué las fotografías sonrientes junto a la excongresista condenada? ¿Por qué la rueda de prensa donde se le permitió repetir, sin aportar ninguna evidencia, sus señalamientos? ¿Por qué el Inpec y la Policía no se encargaron simplemente de hacer la captura y trasladarla de inmediato a un centro de reclusión? Que los abogados de los casos de alto nivel quieran politizarlos es entendible, pues es parte de su estrategia de defensa, pero que las autoridades caigan en ese juego es imperdonable. Tanto más en un caso que ya había puesto a temblar la legitimidad del Inpec, pues Merlano se les fugó de forma descarada hace unos años ante la inacción de quienes supuestamente tenían que asegurar su reclusión.
No se trata de echar tierra sobre las acusaciones de Merlano, sino de entender que el espacio para esa discusión es en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. También en reconocer que se trata de una persona que duró tres años y medio fugada de la justicia colombiana, ante el fracaso diplomático de la presidencia de Iván Duque para conseguir su extradición una vez apareció en Venezuela. La excongresista es además el rostro más visible de la compra de votos en Colombia, un fenómeno en el que son pocas las condenas y las investigaciones a pesar de abundantes denuncias al respecto. En un año de elecciones locales, el regreso de Merlano al país es un recordatorio de la importancia de luchar contra la impunidad en el fraude electoral.
Según la condena de la Corte Suprema de Justicia, la elección al Congreso de Merlano fue el resultado de una empresa de compra de votos. Por eso está condenada a 11 años de prisión. El alto tribunal también la condenó por haber violado los topes electorales, pues se gastó más de $4.300 millones, cuando solo tenía autorizados por parte del Consejo Nacional Electoral un poco más de $800 millones. Ahora, la gran pregunta que hemos hecho desde que empezaron las sospechas sobre Merlano es cómo pudo haber desarrollado dicha empresa sola, en un territorio electoral dominado por las familias Gerlein y Char, aliadas políticas de la excongresista. Desde que se fugó, Merlano ha hecho acusaciones graves que deben investigarse. El país necesita respuestas en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, que pasan por la revisión de las pruebas que ella hasta ahora no ha mostrado.
Hay preguntas graves que la justicia tiene que responder: ¿cómo se fugó la excongresista Merlano? ¿Contó, como dice, con apoyo de políticos cercanos? ¿Quién es el responsable de la violencia sexual a la cual fue sometida? ¿Quién tiene intención de matarla, como dice ella? Y en relación con el caso original: ¿quiénes más estuvieron comprometidos con su empresa criminal? Al menos está ya de vuelta en el país y frente a la justicia, con lo cual el caso puede avanzar.
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