¿Al borde de la oscuridad?

La renuncia del ahora exministro de Minas y Energía Tomás González no debe clausurar las discusiones sobre la responsabilidad en la crisis energética que enfrenta el país. De todo puede decirse en este tema, menos que los problemas no eran previsibles. El Gobierno sigue dando soluciones dispersas y mientras tanto Colombia se acerca a un momento difícil.

Con la salida de González, el Gobierno quería enviar el mensaje de que la crisis energética está como prioridad del presidente. Sin embargo, y aunque ellos lo nieguen, no sobró que la Procuraduría abriera investigación por los contratos que Connecta, una empresa de la familia de González, tuvo con el Gobierno Nacional. Si bien él y la administración Santos reiteraron en varias oportunidades que no se había quebrantado la ley, en este espacio ya habíamos argumentado que, más allá de una discusión legal, la incomodidad que causan esos contratos tiene que ver con la responsabilidad moral que se les debe exigir a los funcionarios públicos. Por esos hechos, llegó tarde la renuncia.

Lo curioso es el tardío interés del presidente Juan Manuel Santos por los problemas de energía que tiene el país. Echándole la culpa a la mala suerte por la falla de la hidroeléctrica de Guatapé, una de las más importantes para el sistema, y la avería de una de las turbinas de la Zona Franca Celsia, y a un aumento histórico en el consumo, además de un fenómeno de El Niño implacable, el Gobierno dio a entender que si el país no ahorra serán necesarios cortes de energía preventivos. En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre un corte preventivo y un racionamiento? No vaya a ser que por calmar a la opinión pública se desconozca la verdadera gravedad del asunto.

El diagnóstico hecho por la ministra encargada, María Lorena Gutiérrez Botero, es correcto: “Faltaron medidas contundentes en regulación del consumo de energía”. Pero la culpa no es únicamente de González. En cinco años de gobierno Santos han pasado cinco ministros distintos por la cartera de Minas y Energía. Este año veremos el sexto. ¿Qué dice eso de la capacidad de planeación? Ahora el país va a tener que pagar la falta de voluntad política para haber tomado medidas que nos ahorraran el problema actual. Las fallas en el sistema y el recrudecimiento de El Niño son fenómenos que deben estar dentro de cualquier estrategia. El derroche nos llevó a un fracaso contundente en materia energética.

Vuelve, con justa causa, el mal sabor de boca que dejó lo ocurrido por el cargo de confiabilidad. El seguro que los colombianos pagaron durante años para garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico se invirtió de manera inadecuada. Hoy vemos la incapacidad de suplir la demanda en un momento de crisis, y los US$7.500 millones que se destinaron a las termoeléctricas e hidroeléctricas entre 2007 y 2015 terminaron siendo inútiles.

La culpa no está únicamente en el Gobierno. El martes, el Senado en pleno les pidió la renuncia a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por la ausencia de avisos sobre los riesgos inminentes que ahora sufre el país, la fragilidad del suministro de gas y la falta de una vigilancia técnica rigurosa que hubiera servido para evitar la situación actual.

Ha faltado seriedad y determinación en este tema. Que esta sea la oportunidad para empezar a corregir el curso. Mientras tanto, al país le tocó ahorrar a las malas para evitar un problema peor. Ojalá lo logremos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La renuncia del ahora exministro de Minas y Energía Tomás González no debe clausurar las discusiones sobre la responsabilidad en la crisis energética que enfrenta el país. De todo puede decirse en este tema, menos que los problemas no eran previsibles. El Gobierno sigue dando soluciones dispersas y mientras tanto Colombia se acerca a un momento difícil.

Con la salida de González, el Gobierno quería enviar el mensaje de que la crisis energética está como prioridad del presidente. Sin embargo, y aunque ellos lo nieguen, no sobró que la Procuraduría abriera investigación por los contratos que Connecta, una empresa de la familia de González, tuvo con el Gobierno Nacional. Si bien él y la administración Santos reiteraron en varias oportunidades que no se había quebrantado la ley, en este espacio ya habíamos argumentado que, más allá de una discusión legal, la incomodidad que causan esos contratos tiene que ver con la responsabilidad moral que se les debe exigir a los funcionarios públicos. Por esos hechos, llegó tarde la renuncia.

Lo curioso es el tardío interés del presidente Juan Manuel Santos por los problemas de energía que tiene el país. Echándole la culpa a la mala suerte por la falla de la hidroeléctrica de Guatapé, una de las más importantes para el sistema, y la avería de una de las turbinas de la Zona Franca Celsia, y a un aumento histórico en el consumo, además de un fenómeno de El Niño implacable, el Gobierno dio a entender que si el país no ahorra serán necesarios cortes de energía preventivos. En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre un corte preventivo y un racionamiento? No vaya a ser que por calmar a la opinión pública se desconozca la verdadera gravedad del asunto.

El diagnóstico hecho por la ministra encargada, María Lorena Gutiérrez Botero, es correcto: “Faltaron medidas contundentes en regulación del consumo de energía”. Pero la culpa no es únicamente de González. En cinco años de gobierno Santos han pasado cinco ministros distintos por la cartera de Minas y Energía. Este año veremos el sexto. ¿Qué dice eso de la capacidad de planeación? Ahora el país va a tener que pagar la falta de voluntad política para haber tomado medidas que nos ahorraran el problema actual. Las fallas en el sistema y el recrudecimiento de El Niño son fenómenos que deben estar dentro de cualquier estrategia. El derroche nos llevó a un fracaso contundente en materia energética.

Vuelve, con justa causa, el mal sabor de boca que dejó lo ocurrido por el cargo de confiabilidad. El seguro que los colombianos pagaron durante años para garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico se invirtió de manera inadecuada. Hoy vemos la incapacidad de suplir la demanda en un momento de crisis, y los US$7.500 millones que se destinaron a las termoeléctricas e hidroeléctricas entre 2007 y 2015 terminaron siendo inútiles.

La culpa no está únicamente en el Gobierno. El martes, el Senado en pleno les pidió la renuncia a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por la ausencia de avisos sobre los riesgos inminentes que ahora sufre el país, la fragilidad del suministro de gas y la falta de una vigilancia técnica rigurosa que hubiera servido para evitar la situación actual.

Ha faltado seriedad y determinación en este tema. Que esta sea la oportunidad para empezar a corregir el curso. Mientras tanto, al país le tocó ahorrar a las malas para evitar un problema peor. Ojalá lo logremos.

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