La promesa de llevar a cabo elecciones donde las armas, las amenazas y los hostigamientos no sean un factor sigue sin cumplirse. Cuando ni siquiera ha empezado oficialmente la campaña a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, las denuncias realizadas por observadores de la sociedad civil sobre violencia política son alarmantes. Si se suma esto a las cifras de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, las personas que le apuestan a la democracia en los territorios más vulnerables siguen siendo objetivo de los violentos. No podemos hablar de una democracia estable cuando seguimos observando estos hechos.
Entre marzo y agosto, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), cada cuatro días hubo una víctima de violencia electoral en Colombia. Ahora que Pares actualizó su informe con datos hasta el 7 de octubre, tenemos cifras duras: 62 hechos violentos que han resultado en 79 víctimas, todas relacionadas con actores políticos que han sido perseguidos. Además, los ataques se han presentado en 21 de los 32 departamentos más Bogotá, con dos líderes claros: Valle del Cauca (11 sucesos) y Antioquia (seis sucesos), departamentos que también fueron protagonistas de la violencia política en las elecciones regionales de 2019.
Estas cifras empeoran cuando se cruzan con los datos en el marco del Acuerdo de Paz. Esta semana, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, fue claro: “286 hombres y mujeres que depusieron las armas han muerto por las acciones de actores armados”. Según la última información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2021 han sido asesinados 131 líderes sociales. En el informe de Pares fueron 11 las personas asesinadas y 68 las amenazadas.
Todo esos asesinatos y amenazas comparten una característica: los responsables suelen quedar en la impunidad. En el caso de la violencia política exclusivamente estudiada por Pares, en el 70,9 % de los casos no se han encontrado responsables. En los demás, se han asociado a la presencia de grupos armados al margen de la ley y carteles del narcotráfico.
Esa incapacidad institucional de prevenir la violencia y reducir las tasas de impunidad es el principal riesgo para las elecciones del año entrante. Después del Acuerdo de Paz, una de las principales promesas era poder tener una democracia más estable, donde las diferencias no se solucionen con armas mediantes. Pero el estallido de violencia, la ausencia estatal en varios territorios, la fortaleza de los carteles del narcotráfico, el resguardo en Venezuela de disidencias de las Farc y la constante terquedad del Eln hacen que estemos en un momento caótico. Ya estamos viendo las consecuencias. En Colombia siguen matando personas con motivos políticos.
El daño de cada asesinato se siente por años, no solo por las víctimas directas, sino por toda la sociedad que sucumbe ante el miedo. ¿Cómo decirle a alguien que le apueste a la democracia, que participe transparentemente en política, si no podemos garantizar la seguridad? Debemos redoblar esfuerzos para que la violencia no sea la protagonista de las elecciones.
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