Alquiler de vientre regulado y remunerado

¿Es decir que todas las implicaciones psicológicas y físicas que representa un embarazo para una mujer no ameritan que reciba una compensación por aceptar hacerlo?

¿Acaso no puede la mujer, precisamente, decidir sobre cómo utilizar su cuerpo, especialmente si puede sacarle provecho a cambio de un esfuerzo considerable? / Foto: AFP

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, presentó en el Congreso de la República un provocador proyecto de ley que pretende regular varios aspectos relacionados con la fertilidad y los métodos de inseminación asistida. Por la polémica que ha causado, y por merecer mayor debate, nos vamos a centrar en uno de los puntos más interesantes de la propuesta: la regulación del llamado “alquiler de vientre”.

Esa práctica, según la Corte Constitucional, no está regulada en el país. Por eso, leída junto con el artículo 42 de la Constitución, se ha interpretado que, bajo ciertos supuestos, las personas pueden crear un contrato en el que una mujer, que gesta y da a luz, pero no aporta óvulos, se comprometa a entregar el bebé recién nacido una vez el embarazo haya sido llevado a buen término a una pareja que tenga problemas de fertilidad.

Según datos, en Colombia, un 12 % de las parejas tienen problemas de fertilidad, y una mujer puede llegar a cobrar entre US$5.000 y US$10.000 por alquilar su vientre. Sin embargo, hay una fuerte posición conservadora que quiere prohibirla del todo. Antes del proyecto de Benedetti, ya se había presentado en el Congreso una propuesta de la senadora María del Rosario Guerra y del representante Santiago Valencia, del Centro Democrático, que quiere negar la posibilidad de cualquier tipo de maternidad subrogada. Según Guerra, permitir la figura es “una clara explotación de la mujer como ser humano y como madre, e ignora la protección del menor”.

En respuesta, lo que pide Benedetti es que se creen mecanismos para garantizar, precisamente, los derechos de todos los involucrados. Acompañamiento psicológico previo, exámenes de salud que ayuden a prevenir posibles enfermedades en el niño, requisitos contractuales que dejen con claridad que la pareja cubrirá todos los gastos médicos y que la mujer que preste el vientre se compromete a renunciar cualquier derecho de maternidad sobre el recién nacido, todas son medidas encaminadas precisamente a proteger jurídicamente una situación compleja, pero que puede ayudar a muchas parejas a cumplir su sueño de tener un hijo. Ya la misma Corte Constitucional había pedido que existiera una regulación clara para que todos los involucrados queden protegidos.

No obstante, hay un punto sobre el proyecto, y sobre este debate en general, que corre el riesgo de ir en contravía del bienestar de las mujeres que decidan prestar su vientre. Benedetti propuso hablar de un “uso solidario del vientre”, lo que significa que la mujer gestante no podrá lucrarse en ninguna manera. ¿Es decir que todas las implicaciones psicológicas y físicas que representa un embarazo para una mujer no ameritan que reciba una compensación por aceptar hacerlo? ¿No es sabotear el interés de regular esta figura someterla únicamente a la “buena voluntad”?

El argumento que equipara la remuneración con volver un objeto el cuerpo femenino comete el error común de negarle cualquier capacidad de decisión a la mujer que quiere hacerlo: ¿acaso no puede ella, precisamente, decidir sobre cómo utilizar su cuerpo, especialmente si puede sacarle provecho a cambio de un esfuerzo considerable?

Otro argumento contra el lucro dice que estaríamos “vendiendo bebés”. Si eso es cierto, cualquier proceso científico de inseminación asistida, que se caracterizan por sus costos, podría entenderse también como ponerle precio a un futuro humano. Estamos hablando de mecanismos de fertilidad, y del reconocimiento de un servicio que debería ser remunerado. Apoyamos la regulación, pero no permitamos que los prejuicios censuren este aspecto fundamental del debate.

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