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El futuro del cine colombiano no se puede construir a través de imposiciones desde el Ministerio de Cultura. Esa es la conclusión a la que lleva el escándalo que surgió por la propuesta de reforma tributaria. Mientras que desde el Ministerio creían que estaban adoptando medidas para garantizar la viabilidad a futuro de la producción de cine en Colombia, el gremio respondió con vehemencia pidiendo echar para atrás lo propuesto y acusando al Gobierno de Iván Duque de tomar decisiones no consultadas. Esa ausencia de diálogo es una afrenta directa a los enormes triunfos que la creación de cine en el país ha tenido en las dos décadas pasadas.
Como le explicaron múltiples fuentes pertenecientes al gremio del cine en Colombia a El Espectador, hay una profunda desconfianza hacia el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Felipe Buitrago. Por eso, cuando el Gobierno consideraba que les estaba haciendo un favor a los creadores, tan pronto se anunció la reforma empezaron las protestas. ¿Por qué no hubo un proceso largo y adecuado de concertación con el gremio? ¿Cómo dice el Gobierno que está defendiendo a los creadores y su futuro con medidas que han sido ampliamente rechazadas?
Son varias las protestas y los puntos en tensión, que ya El Espectador ha cubierto en un par de artículos. En esencia, sin embargo, el gremio del cine teme perder la autonomía lograda por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y ve con desconfianza el modelo de financiación propuesto por el Gobierno. La reforma elimina contribuciones parafiscales destinadas al Fondo y ata su sostenibilidad al Presupuesto General de la Nación. En el gremio temen que este cambio les reste independencia a los recursos.
Hablando con El Espectador, el ministro Buitrago dijo que “esta es una medida que no busca sostenibilidad fiscal; de hecho, hace parte del componente de solidaridad: se trata de que, entendiendo la importancia de contar con la narrativa del cine, se garantice el funcionamiento de las convocatorias en un contexto de incertidumbre”. Sin embargo, el gremio se ha sentido excluido. En una carta enviada por varios creadores colombianos se enfatiza en que “uno de los grandes logros del sector cinematográfico fue pasar de conversaciones con cada gobierno a un diálogo con el Estado. En lugar de buscar apoyos entre los gobernantes, el sistema genera esos apoyos que se distribuyen de manera transparente con concursos, estímulos automáticos y exenciones tributarias, entre otras”.
Varios directores de festivales de cine internacionales lo resumieron de manera precisa: “Desde el 2003, el cine colombiano dejó de ser una cuestión de destinos más o menos individuales para volverse una aventura colectiva”. Ahora, sin embargo, el Gobierno se toma la palabra y la iniciativa sin tener en cuenta las múltiples preocupaciones. Es un error no solo político, sino que amenaza con dañar uno de los procesos ejemplares de política pública en el país.
El Ministerio de Cultura y el de Hacienda deberían reconsiderar las medidas propuestas, abrir más espacios de diálogo y escuchar las críticas. El futuro del cine colombiano debe seguir siendo esa aventura colectiva que ha funcionado tan bien.
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