Estas medidas, notificadas el pasado martes, son amplias y autorizan al Ejecutivo, entre otras, a crear los impuestos que juzgue necesarios para enfrentar la ola invernal. En números gruesos se estima que van, hasta ahora, más de 200 víctimas fatales y 1,6 millones de damnificados. Según cálculos oficiales, se requerirán 616.000 millones de pesos para enfrentar los daños más urgentes, y esto sin contar el costo de la emergencia sanitaria, la cual, por lo demás, es hora de tener presente y prevenir. Las lluvias estancadas, los albergues improvisados y el colapso de los sistemas de aguas sucias son una grave amenaza, pero no distinta ni menos evitable de lo que fueron en su momento los escombros de Bello.
La primera prueba de un país ordenado ya la fallamos. Nuestra infraestructura y la organización rural y urbanística son precarias, como precarias son nuestras carreteras. El invierno ha sido intenso, pero si los cuerpos de agua se hubieran contenido y el terreno organizado, ni tendríamos muertos ni hablaríamos de más de 110.000 hectáreas enteramente inundadas y de dos millones de cabezas de ganado desplazadas. Tampoco de 155.000 kilómetros de vías averiadas ni de un aumento, como resultado, del precio de los alimentos. Aunque el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que no escasearán, suman miles de millones los costos de la producción perdida, como suman, por su parte, miles de millones más los daños a la infraestructura vial, inmobiliaria y de servicios. A todos éstos se añadirán inevitablemente, y de nuevo, por incompetencia en la previsión, los golpes a las demás ramas de la economía.
El daño hecho, sin embargo, ya es pasado. Ahora se requiere enfrentar de una manera más responsable lo que viene. Bien hace el presidente Juan Manuel Santos al establecer como prioridad máxima la atención humanitaria. Contener los daños y frenar a como dé lugar la amenaza sanitaria es indispensable. Mal haríamos en mantenernos fieles a nuestra negligencia y en un par de meses estar mendigando ayuda para detener las epidemias que se desataron por razón de campamento de damnificados y daños mal atendidos. En tiempos de crisis la solidaridad no es opcional. Alimentos y enseres deben llegar del sector privado, mientras el sector público usa los dineros recolectados para restablecer las condiciones de salubridad antes de que estemos ad portas de un nuevo desastre.
La segunda prioridad, explicada por el Presidente como “de rehabilitación para reparar las vías, escuelas, redes eléctricas y demás obras de infraestructura”, será crucial, al igual que lo será la tercera: “levantar todo aquello que esté destruido e inservible”. De que estas dos fases se completen como debe ser depende que lo vivido no vuelva a repetirse, como que no vuelvan a perderse tampoco los recursos en corrupción e ineficiencia. No es minúsculo el reto de administrar tal monto de dineros. En lo que va de 2010 se han girado 270.000 millones de pesos para enfrentar el invierno y se tienen en espera recursos para la rehabilitación y levantamiento de la infraestructura, y aquellos de las donaciones, que sólo contando las de los “grandes cacaos”, ya suman más de 27 mil millones. Varios gremios han salido a pedir auxilios. El Gobierno debe mantener las prioridades. Sería inaceptable repetir la historia de las ayudas selectivas para sectores preferidos o con mayor capacidad de lobby. Tristemente, por más anunciadas que estén, el país tiende a ignorar, en todas las esferas, las amenazas.
Por El Espectador
