El quiebre institucional que intentó imponer Pedro Castillo en Perú dejó en evidencia el doble rasero de los políticos colombianos que se presentan como defensores de la democracia, pero son sesgados en cuándo la defienden y a quién critican cuando se pone en riesgo. El presidente de la República, Gustavo Petro, adoptó una posición ambivalente que demuestra su debilidad por los autoritarismos cuando provienen de figuras de la izquierda. Mientras tanto, la actual oposición, encabezada por el senador Miguel Uribe Turbay, también publicó mensajes preocupantes que dejan entrever un inmaduro irrespeto por la propia democracia colombiana. Deben estar encendidas todas las alertas, porque si así es la reacción a un momento de crisis en otro país, ¿qué ocurriría si en Colombia llegamos a algún estancamiento político que frustre a nuestros líderes actuales?
Debemos partir de los hechos. Pedro Castillo, de manera unilateral, ordenó disolver el Congreso, modificar la Rama Judicial, limitar las libertades individuales, gobernar por decreto-ley, convocar a una constituyente y que las Fuerzas Armadas le siguieran el juego a su capricho. Es decir, el presidente en funciones, incapaz de obtener suficiente apoyo político en la Rama Legislativa y con investigaciones serias en su contra en la Rama Judicial, decidió destruir por completo las instituciones. Eso es un golpe de Estado, ni más ni menos. Imperdonable e indefendible.
Por eso es tan preocupante que el presidente Petro, en otros espacios vehemente defensor de las instituciones cuando hay cualquier transgresión contra ellas, haya salido con un tibio rechazo a lo realizado por Castillo. Sí, dijo que “la antidemocracia no se combate con antidemocracia”, pero a renglón seguido se preguntó por qué el presidente peruano no se había tomado las calles para defenderse, dijo que Castillo “se dejó llevar a un suicidio político y democrático”, y pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su defensa. En otras palabras: básicamente forzaron al presidente peruano a darse un golpe de Estado. Eso no tiene ningún sentido. Peor aún, demuestra que hay un doble rasero en denunciar autoritarismos en el presidente colombiano.
Lo más paradójico es que la CIDH ya se había pronunciado sobre lo ocurrido. En un comunicado condenó “las decisiones contrarias al orden constitucional en Perú” y reconoció “la actuación inmediata de las instituciones de Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”. Es decir, todo lo contrario a lo que pretendía el presidente Petro.
La oposición colombiana también quedó muy mal parada. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, escribió en Twitter que “lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando están en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio”. Pésima analogía que deja entrever la incomodidad de Uribe Turbay con el hecho de que la democracia colombiana haya elegido a Gustavo Petro como presidente de manera legítima. No es seria una oposición que aprovecha el desastre político de otro país para sembrar miedo en Colombia e insinuar salidas por fuera de nuestra institucionalidad, bajo un supuesto mensaje de defensa a la libertad.
La defensa de la democracia no puede ser un capricho ideológico y conveniente, solo aplicable para quienes piensan de cierta manera. La crisis de Perú nos ha dejado a su paso muchas preguntas urgentes sobre el valor de los principios democráticos en Colombia.
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