Poco a poco se han venido develando los detalles “logísticos” detrás de la desaparición de jóvenes de los barrios marginales de Soacha y su posterior aparición como bajas en combates con el Ejército en Ocaña. Pruebas aportadas por la Fiscalía dieron a conocer que el jefe de operaciones de la Brigada presuntamente “compraba” a cada muchacho por un millón de pesos.
Mientras se daba a conocer esta información, el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, iniciaba sus reuniones con agentes del Estado, víctimas y ONG. Además de Bogotá y Soacha, el relator especial se interesó en Antioquia, Santander y Meta. Su atención no se limitó a los denominados falsos positivos, sino al conjunto de las ejecuciones extrajudiciales.
El relator arriba a Colombia en un momento difícil. Su misión, que consiste en monitorear y reportar las ejecuciones extrajudiciales, dar cuenta de sus causas y observar si se están tomando acciones legales para castigar a los responsables, no debe pasar desapercibida. Después de su visita, Alston dará a conocer, el próximo 18 de junio, el informe que contendrá recomendaciones para evitar que el fenómeno siga ocurriendo. Es de esperarse que el texto que emita no contenga frases demasiado generales, como muchas veces ocurre entre quienes defienden los derechos humanos, y que por el contrario se centre en puntos específicos.
La ventaja de su diagnóstico está en que gozará de amplia legitimidad al provenir de una reconocida autoridad que está exenta del clima de polarización que vive el país. Adicionalmente dará luces sobre las causas estructurales de tan extendido problema. En lo que respecta a los “falsos positivos”, es fundamental que el relator aclare si, como parece ser el caso, las causas de este delito radican en el esquema de incentivos a miembros de la Fuerza Pública contenidos en las directivas ministeriales; o si, como indica el Ministerio de Defensa, las ejecuciones obedecen a casos aislados que no tendrían por qué repetirse.
Al respecto, recientemente se dio a conocer el estado de avance de las 15 medidas formuladas en noviembre de 2008 por el Gobierno como resultado de las investigaciones adelantas por la comisión Transitoria para el Caso Soacha. Aunque en éstas se hace referencia explícita a los controles vigentes sobre el sistema de recompensas y gastos reservados, en general el documento reitera el compromiso gubernamental con el respeto a los derechos humanos y no ahonda demasiado en las posibles motivaciones de las ejecuciones. Y sin embargo, contrasta con la nueva oleada de malintencionadas declaraciones hechas por sectores cercanos al Gobierno, más interesados en darles apoyo a los militares implicados en los delitos, que en atender a las víctimas y sus familiares.
De ahí que el alcance más importante de la visita del relator esté en aumentar a nivel internacional los costos políticos de evadir la búsqueda de la verdad sobre estos casos. Cualquier dilación en los procesos judiciales, vencimiento de términos que deje en libertad a los responsables, traslado de jueces que tienen a su cargo casos complicados —tal como ha sucedido con la justicia penal militar—, tendrán más resonancia en la comunidad internacional. Pese a que muchos preferirían que las cosas se resolvieran internamente, cada vez queda más claro que es el escrutinio severo de la comunidad internacional el que puede contribuir a disminuir la comisión de delitos atroces.
Por El Espectador
