Antes que prohibir, mejor regular los bicitaxis y mototaxis
La alcaldesade Bogotá, Claudia López, fue contundente: “Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales de las calles. Ya no hay justificación”. Después, enfrentando protestas, moderó un poco su posición: “Los bicitaxis están reconocidos por el Mintransporte, parcialmente regulados y son parte del transporte de última milla; los mototaxis —bicis con gasolina, alta velocidad y motor, algunas veces de motos robadas— no, y son una constante queja de la ciudadanía”. Por eso insistió en que, como el sistema integrado de transporte público ya cubre todas las zonas claves de la ciudad, este tipo de transporte debe eliminarse. El problema, sin embargo, es complejo.
Allí donde hay vacíos estatales surge el rebusque. Todos estos años de complicidad con mototaxis y bicitaxis se creó un mercado informal, con personas que viven de transportar a otras, a pesar de la existencia del sistema de transporte público. Esto habla de una doble precariedad: de los conductores, que no tienen otros medios de trabajo, y de los usuarios, que prefieren transportes incluso más baratos que las tarifas de buses y Transmilenio, o en rutas que estos no logran cubrir. Como le explicó a El Espectador José Stalin Rojas, experto en movilidad y director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, “los bicitaxis y mototaxis son una actividad clásica de rebusque, en la que quien pedalea está buscando un ingreso mínimo”. Así que no es tan sencillo como prohibir, ordenar la intervención de la Policía y olvidarse del asunto creyendo que quedó resuelto.
Hay argumentos para la prohibición. Al no estar regulado, este tipo de transporte no tiene mecanismos para responder cuando hay accidentes, que no son pocos porque tampoco se toman las medidas de seguridad mínimas. El mes pasado, la Policía decomisó 12 bicitaxis en la localidad de Suba por indicios de que estaban ensamblados con piezas robadas. Hay sospechas, además, de que estos medios de transporte son infiltrados fácilmente por la criminalidad. Por eso, como dijo la alcaldesa, los vecinos de las zonas donde más se utilizan las mototaxis viven quejándose por el peligro que representan. Esos reclamos no pueden ser desestimados.
Entonces, ¿qué hacer? La misma alcaldesa López dijo: “Queremos que los bicitaxis sean mejor regulados (depende todavía del Mintransporte) e integrados operacional y tarifariamente como modo de última milla”. Nos parece que ese esfuerzo, aplicado a la fuerza de trabajo ya existente, debería expandirse a los mototaxis. Debe existir una regulación sobre los certificados de los vehículos, los seguros que se requieren, la representación legal de sus dueños y una clara delimitación de sus rutas. De esa forma se calmarían los miedos sobre responsabilidad en accidentes y también sobre la implementación de partes robadas en la construcción de los bicitaxis y mototaxis. Con una buena vigilancia de las autoridades, todo esto es posible.
Allí donde hay demanda y oferta, especialmente cuando involucra el mínimo vital de ingresos para ciertas personas, el Estado debe pensar dos veces antes de prohibir. ¿Por qué no pasar de la tolerancia de todos estos años a una regulación ambiciosa que empodere a los conductores y les dé más opciones de transporte a los bogotanos?
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Allí donde hay vacíos estatales surge el rebusque. Todos estos años de complicidad con mototaxis y bicitaxis se creó un mercado informal, con personas que viven de transportar a otras, a pesar de la existencia del sistema de transporte público. Esto habla de una doble precariedad: de los conductores, que no tienen otros medios de trabajo, y de los usuarios, que prefieren transportes incluso más baratos que las tarifas de buses y Transmilenio, o en rutas que estos no logran cubrir. Como le explicó a El Espectador José Stalin Rojas, experto en movilidad y director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, “los bicitaxis y mototaxis son una actividad clásica de rebusque, en la que quien pedalea está buscando un ingreso mínimo”. Así que no es tan sencillo como prohibir, ordenar la intervención de la Policía y olvidarse del asunto creyendo que quedó resuelto.
Hay argumentos para la prohibición. Al no estar regulado, este tipo de transporte no tiene mecanismos para responder cuando hay accidentes, que no son pocos porque tampoco se toman las medidas de seguridad mínimas. El mes pasado, la Policía decomisó 12 bicitaxis en la localidad de Suba por indicios de que estaban ensamblados con piezas robadas. Hay sospechas, además, de que estos medios de transporte son infiltrados fácilmente por la criminalidad. Por eso, como dijo la alcaldesa, los vecinos de las zonas donde más se utilizan las mototaxis viven quejándose por el peligro que representan. Esos reclamos no pueden ser desestimados.
Entonces, ¿qué hacer? La misma alcaldesa López dijo: “Queremos que los bicitaxis sean mejor regulados (depende todavía del Mintransporte) e integrados operacional y tarifariamente como modo de última milla”. Nos parece que ese esfuerzo, aplicado a la fuerza de trabajo ya existente, debería expandirse a los mototaxis. Debe existir una regulación sobre los certificados de los vehículos, los seguros que se requieren, la representación legal de sus dueños y una clara delimitación de sus rutas. De esa forma se calmarían los miedos sobre responsabilidad en accidentes y también sobre la implementación de partes robadas en la construcción de los bicitaxis y mototaxis. Con una buena vigilancia de las autoridades, todo esto es posible.
Allí donde hay demanda y oferta, especialmente cuando involucra el mínimo vital de ingresos para ciertas personas, el Estado debe pensar dos veces antes de prohibir. ¿Por qué no pasar de la tolerancia de todos estos años a una regulación ambiciosa que empodere a los conductores y les dé más opciones de transporte a los bogotanos?
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