Arauca y la ausencia del Estado

Arauca es el espacio de confluencia de varios problemas nacionales: la relación arruinada con el régimen dictatorial en Venezuela, el crecimiento del narcotráfico y el fortalecimiento de los actores armados ilegales están debilitando la presencia de un Estado históricamente ausente. La región está en emergencia y el Gobierno Nacional no puede permitir que la situación empeore.

Un informe de Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental reconocida por su rigurosidad y vigilancia de los derechos humanos, dibuja un panorama desolador. Tal vez lo más diciente es que los hallazgos no son novedad para quienes han estado siguiendo de cerca lo que ocurre en esa región, fortín del Eln y ahora hogar de Martín Villa, una de las disidencias de las Farc que traicionaron el Acuerdo de Paz.

Después de hablar con 105 líderes, víctimas de abusos, actores humanitarios y funcionarios judiciales, HRW llegó a una conclusión que está en el título del informe: “Los guerrilleros son la policía”. Esa es una frase obtenida de una entrevista con uno de los policías genuinos de la zona.

Según HRW, “los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos”. Si bien “las autoridades colombianas han intentado reducir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando a militares”, “en numerosas partes del departamento no hay, prácticamente, ninguna protección para los residentes”. En otras palabras, las condiciones están dadas para la existencia de un paraestado.

La situación se complica por el desdén que la dictadura venezolana siente sobre el tema. Dado que las autoridades de ese país no están cumpliendo sus deberes, ni persiguiendo a los criminales, “en numerosas oportunidades los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela”. Esto amerita una protesta diplomática, pero la respuesta que dará el régimen de Nicolás Maduro es previsible.

Reaccionando al informe, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “el Estado colombiano tiene su institucionalidad y la Policía cumple sus funciones determinadas”. Por su parte, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, argumentó que “no es cierto que aquí ellos controlen el territorio, eso es completamente falso”.

Es de esperar que la respuesta oficial sea negar la ausencia de control territorial. Los esfuerzos de la Fuerza Pública son innegables. Sin embargo, también es cierto que Arauca lleva muchos años siendo un territorio que opera de manera distinta al resto del país. El año pasado, en plena época electoral, quedó en evidencia la influencia del Eln y otros actores armados ilegales. El Estado no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza, ni de la justicia, en la zona.

El informe de HRW debe servir de excusa para que los reflectores se ubiquen sobre este territorio a menudo olvidado. Si los pobladores viven en medio del temor, como lo demuestran las entrevistas, significa que Colombia les está fallando.

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Arauca es el espacio de confluencia de varios problemas nacionales: la relación arruinada con el régimen dictatorial en Venezuela, el crecimiento del narcotráfico y el fortalecimiento de los actores armados ilegales están debilitando la presencia de un Estado históricamente ausente. La región está en emergencia y el Gobierno Nacional no puede permitir que la situación empeore.

Un informe de Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental reconocida por su rigurosidad y vigilancia de los derechos humanos, dibuja un panorama desolador. Tal vez lo más diciente es que los hallazgos no son novedad para quienes han estado siguiendo de cerca lo que ocurre en esa región, fortín del Eln y ahora hogar de Martín Villa, una de las disidencias de las Farc que traicionaron el Acuerdo de Paz.

Después de hablar con 105 líderes, víctimas de abusos, actores humanitarios y funcionarios judiciales, HRW llegó a una conclusión que está en el título del informe: “Los guerrilleros son la policía”. Esa es una frase obtenida de una entrevista con uno de los policías genuinos de la zona.

Según HRW, “los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos”. Si bien “las autoridades colombianas han intentado reducir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando a militares”, “en numerosas partes del departamento no hay, prácticamente, ninguna protección para los residentes”. En otras palabras, las condiciones están dadas para la existencia de un paraestado.

La situación se complica por el desdén que la dictadura venezolana siente sobre el tema. Dado que las autoridades de ese país no están cumpliendo sus deberes, ni persiguiendo a los criminales, “en numerosas oportunidades los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela”. Esto amerita una protesta diplomática, pero la respuesta que dará el régimen de Nicolás Maduro es previsible.

Reaccionando al informe, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “el Estado colombiano tiene su institucionalidad y la Policía cumple sus funciones determinadas”. Por su parte, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, argumentó que “no es cierto que aquí ellos controlen el territorio, eso es completamente falso”.

Es de esperar que la respuesta oficial sea negar la ausencia de control territorial. Los esfuerzos de la Fuerza Pública son innegables. Sin embargo, también es cierto que Arauca lleva muchos años siendo un territorio que opera de manera distinta al resto del país. El año pasado, en plena época electoral, quedó en evidencia la influencia del Eln y otros actores armados ilegales. El Estado no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza, ni de la justicia, en la zona.

El informe de HRW debe servir de excusa para que los reflectores se ubiquen sobre este territorio a menudo olvidado. Si los pobladores viven en medio del temor, como lo demuestran las entrevistas, significa que Colombia les está fallando.

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